El Ministerio Público (MP) de Venezuela pidió hoy al tribunal que lleva el caso del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, preso desde febrero pasado, otorgarle el arresto domiciliario después de que sea sometido a una intervención quirúrgica que requiere el funcionario.
"El Ministerio Público solicitó ante el Tribunal 6 de Control del rea Metropolitana de Caracas (AMC) una medida cautelar sustitutiva de libertad para el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma Díaz -de 59 años-, por razones de salud, pues requiere efectuarse una intervención quirúrgica", dijo la Fiscalía en un comunicado.
De esta forma, según el escrito difundido hoy por la Fiscalía, una vez que se dicte la medida por parte del tribunal, "el burgomaestre será trasladado a un centro clínico donde se le practicará la operación y, posteriormente, será llevado a su residencia en la que permanecerá bajo arresto domiciliario para garantizar su recuperación".
Minutos antes de que se conociera esa solicitud, la esposa del alcalde, Mitzy Capriles, dijo en la cuenta de Twitter de Ledezma que su marido "fue evaluado hoy en la cárcel por su médico tratante y 2 médicos del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia)".
"Los 3 médicos coinciden en el diagnostico de hernia reproducida y la necesidad de tratamiento quirúrgico a la brevedad posible", escribió Capriles.En el comunicado de la Fiscalía se señala que la petición de medida sustitutiva de libertad fue realizada por el fiscal José Luis Orta "de acuerdo con lo establecido en el artÍculo 242 del Código Orgánico Procesal Penal".
Ledezma fue acusado por la Fiscalía el pasado 7 de abril por conspirar contra el Gobierno venezolano al apoyar, presuntamente, a grupos que "pretendían desestabilizar el país" con acciones violentas.
Apresado el 19 de febrero pasado, el alcalde fue señalado de conspiración y asociación para delinquir y ha sido vinculado por la FiscalÍa con dos personas acusadas de conspiración para la rebelión en septiembre pasado.
Según el comunicado de la Fiscalía, la causa contra Ledezma guarda relación con el caso de los jóvenes Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, expulsados de Colombia en septiembre pasado por hacer proselitismo en ese país y actualmente imputados por su presunta vinculación con "planes conspirativos".
