"La 'operación libertad' fue una traición a la política". Así se ha expresado el fiscal jefe del Tribunal de Nápoles, Vincenzo Piscitelli, en sus conclusiones sobre el presunto delito de compraventa de parlamentarios que imputa a Valter Lavítola y a Silvio Berlusconi por haber orquestado la caída del ex primer ministro italiano Romano Prodi, en 2008.
"Se hablaba de libertad, pero en realidad se compraba la independencia, la dignidad y el honor de los políticos", afirmó en su alegato Piscitelli, poco antes de pedir otros 4 años y 4 meses de prisión para el pagador de las coimas Valter Lavítola, y 5 años para su financiero, el ex primer ministro Silvio Berlusconi.
"Uno [Lavítola] era el sicario, el hombre de los trapos sucios y ejecutor subordinado" -afirmó el fiscal- "y el otro [Berlusconi], el director, el que puso el dinero y el que obtuvo el beneficio" puesto que dejó en minoría ingobernable a Prodi y, en consecuencia, pudo regresar a la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia.
Piscitelli argumentó en su intervención que no se juzgaba la política, ni se cuestionaban los derechos parlamentarios ni siquiera se valoraban los cambios de chaqueta partidista porque no son competencia de la justicia. El objetivo -detalló- es la persecución de una "operación sucia e ilegítima de efectos gravísimos para la democracia que restó legitimidad a la sacralidad del voto".
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