La Fiscalía brasileña solicitó abrir una investigación a la presidenta del país, Dilma Rousseff, por supuesta obstrucción a la justicia, según publicaron los principales medios nacionales en la noche del martes, 3 de mayo, en un nuevo giro de la profunda crisis política que sacude al gigante sudamericano.
De acuerdo con las informaciones de Globo, Folha de Sao Paulo y Estadao, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó a la Corte Suprema la apertura de una investigación a la mandataria, que enfrenta el período más delicado de su juicio político, así como a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y al abogado del gobierno, Eduardo Cardozo.
Esta es la primera vez que el Ministerio Público pide autorización para investigar a Rousseff, que hasta el momento no había sido indagada por ningún cargo de corrupción. Ahora la corte suprema deberá de decidir si acepta la petición y la mandataria se convierte oficialmente en investigada.
En el centro de las sospechas vuelve a estar la fallida designación de Lula como ministro jefe de su gabinete, que para la Fiscalía pudo tener como objetivo “desordenar” las investigaciones sobre el expresidente (2003-2010) que llevaba a cabo el magistrado de primera instancia Sergio Moro.
Encargado de juzgar el multimillonario fraude en Petrobras, y convertido ahora en un símbolo de la lucha anticorrupción, el propio Moro divulgó horas después del nombramiento una conversación grabada entre Rousseff y Lula, que según la Fiscalía podría ser un indicio de los motivos reales de la designación.
La presidenta siempre ha asegurado, sin embargo, que invitó a su predecesor a su gobierno por motivos estrictamente políticos, en un momento de estampida de aliados.
Este nuevo golpe revelado por los medios le llega a Rousseff más cerca del precipicio que nunca, justo una semana antes de que el pleno del Senado decida si la aparta 180 días de su cargo para dar inicio a su juicio de destitución.
La tarde, sin embargo, ya había comenzado muy mal para Lula y su sucesora. Primero se supo que la Fiscalía había solicitado permiso al Supremo Tribunal Federal para investigar al expresidente por posible corrupción junto a tres ministros del gabinete de Rousseff y a otras 27 personas.
