El destituido expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, era el sábado un hombre buscado después de que España emitiera una orden de arresto europea en su contra.
Y la principal interrogante era cuánto tiempo podría eludir la justicia española manteniéndose en la clandestinidad y demorando el proceso de extradición en Bélgica.
Puigdemont no habló sobre su situación legal en el tuit que envió el sábado, dirigido a sus seguidores políticos en el noreste de España.
En vez de eso, habló sobre estrategias para la elección de diciembre, convocadas por las autoridades españolas para retomar temporalmente el control de la región rebelde.
"Es el momento de que se unan todos los demócratas. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la república", dijo Puigdemont, avalando llamados a que los partidos políticos secesionistas formen una coalición para los próximos comicios.
Puigdemont y cuatro exconsejeros de su gobierno están siendo buscados por cinco delitos distintos, incluidos rebelión, sedición y malversación, por alentar a legisladores regionales a declarar la independencia de España pese a repetidas advertencias de que eso violaría la constitución española.
Pero cuanto más atrase su arresto y extradición, Puigdemont tendrá más probabilidades de ser un factor en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Todo el proceso en Bélgica, desde la detención a la extradición, incluyendo apelaciones, podría llevar unos dos meses, dijeron expertos legales a The Associated Press.
El ministro belga de Justicia, Koen Geens, señaló el viernes por la noche que su gobierno no intervendrá en el futuro de Puigdemont ni los otros exdirigentes catalanes, porque la orden de arresto europea "es un procedimiento completamente legal".
Geens agregó que, a diferencia de un proceso normal de extradición internacional, "el poder ejecutivo no juega ningún papel en el proceso de la orden de arresto europea. Todo va a través de comunicación directa entre las autoridades de justicia".
