En la sala de estar de la casa de dos pisos de su familia, en uno de los vecindarios más pobres y castigados por la delincuencia de la ciudad venezolana de Valencia, varios familiares se reunieron alrededor del ataúd de madera de Daniel Márquez y lloraban mientras veían sus restos ennegrecidos.
"El no merecía morir así", afirmó el jueves Sorangel Gutiérrez, cuñada de Márquez, mientras los parientes lloraban delante del ataúd.
La desesperación de los familiares es tan grande como las preguntas que rodean el incendio ocurrido el miércoles en las celdas de una estación de policía del estado central de Carabobo, donde fallecieron 68 personas, casi todas detenidas, como Márquez.
Sus parientes dijeron que el hombre de 28 años de edad llevaba encerrado casi un año porque no podía pagar un soborno a un oficial de policía que encontró una foto de un arma ilegal en su teléfono celular.
Las familias de las víctimas de uno de los peores incendios carcelarios de Venezuela lloraron y comenzaron a enterrar a sus muertos, mientras exigían a las autoridades que expliquen lo sucedido y lleven a la justicia a los responsables.
"Quiero justicia para mi hijo", dijo Rocky Varela mientras esperaba recuperar los restos de su homónimo, de 27 años. "Quienes hicieron esto deben pagar".
Entre parientes y activistas de los derechos humanos corrieron el jueves diferentes versiones de los momentos tensos que derivaron en el incendio en los calabozos de la comisaría, en fuerte contraste con el silencio de los funcionarios que todavía tienen que proporcionar una versión completa.
La familia de Márquez dijo que recibió una llamada de él poco antes de que el fuego iniciara, diciendo que los guardias estaban vertiendo gasolina en las celdas, lo que los llevó a ir tan rápido como pudieron al centro de detención de la comisaría de policía.
Otros relatos de supervivientes y familiares indicaron que fueron los propios reclusos quienes prendieron fuego a la instalación, con la esperanza de escapar.
