Los abogados defensores del alcalde opositor de la región metropolitana de Caracas Antonio Ledezma tienen previsto apelar la imputación de cargos de conspiración y asociación para delinquir, alegando que son infundados.
"Vamos a apelar la decisión del juez, estos cargos son absolutamente infundados, sin contar que fue detenido sin presentar una orden emanada de alguna autoridad... y otras irregularidades que pueden ser consideradas causal de nulidad del procedimiento", dijo el abogado Omar Estacio el sábado a The Associated Press.
El Ministerio Público anunció en la víspera en un comunicado que el alcalde fue privado de libertad y se fijó como sitio de reclusión la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, donde también están recluidos el dirigente opositor Leopoldo López y el exalcalde de la ciudad andina de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
De acuerdo con lo dispuesto en las leyes venezolanas, "cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación, será castigado con presidio de ocho a dieciséis años".
Ledezma, de 59 años, fue detenido el jueves en su oficina por varias decenas de agentes policiales fuertemente armados. Algunos de los agentes iban identificados como miembros de la policía política.
La Fiscalía General indicó en un comunicado previo que el alcalde fue detenido por orden de un tribunal local por estar presuntamente vinculado en "hechos conspirativos para organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno".
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusó a Ledezma de estar implicado en una conspiración y presentó como prueba un comunicado titulado "Acuerdo nacional para la transición" publicado recientemente en un diario local y que fue avalado también por el líder opositor detenido López y la ex congresista María Corina Machado.
Al respecto, Estacio comentó que existe jurisprudencia en el país que echa por tierra los señalamientos de Maduro.
"El juzgado Sexto de Control decretó detención contraviniendo jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia" que en Sala Plena, el 10 de noviembre de 2009, "desechó la denuncia" en contra del entonces presidente Hugo Chávez que databa del 2007 por "instigación a delinquir, apología del delito e incitación al odio" al lanzar amenazas contra sus adversarios.
En aquel dictamen, el máximo tribunal en pleno afirmó que las expresiones de Chávez, fallecido en marzo de 2013, no eran delito, pues sus palabras no podían interpretarse literalmente sino que formaban parte de la retórica típica de los políticos mientras ejercen su derecho a la libertad de expresión.
Se espera que entre el lunes y martes próximo se presente la apelación.
Maduro anunció la semana pasada que había sido desarticulado un supuesto golpe de Estado en el que estaban involucrados 11 militares, un empresario, el diputado opositor Julio Borges y Ledezma.
Algunos diputados oficialistas anunciaron que iniciarían trámites para retirarle el fuero parlamentario a Borges para procesarlo por el supuesto complot.