El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió restringir el jueves el llamado "fuero privilegiado" que permite que senadores y diputados acusados de crímenes sean juzgados por el alto tribunal, en procesos que suelen arrastrarse durante años debido a su sobrecarga.
En concreto, el máximo tribunal resolvió que los legisladores procesados por delitos ajenos a sus mandatos deberán ser juzgados por tribunales inferiores y no por la corte Suprema.
En Brasil, unos 55 mil políticos federales y municipales, así como jueces, fiscales y militares gozan del derecho a ser juzgados por tribunales superiores, una disposición constitucional que busca evitar la persecución judicial de los funcionarios públicos por motivos políticos.
Esta decisión del Supremo sólo afectará a los 594 diputados y senadores federales, cuyas investigaciones o procesos referentes a delitos cometidos fuera del mandato o que no tengan relación con el ejercicio de su cargo deberían ser transferidos del STF hacia tribunales de primera instancia.
A modo de ejemplo, de los 513 diputados brasileños, 185 son objeto de investigaciones por corrupción. La situación jurisdiccional del presidente de la República y de sus ministros no sufrió ningún cambio. El juez del STF Luis Roberto Barroso afirmó durante su voto que la máxima corte tiene en sus manos más de 500 casos contra políticos, de los cuales unos 130 se relacionan con la mega causa Lava Jato que develó un gigantesco esquema de corrupción urdido entre empresas, legisladores y miembros de los gobiernos a lo largo de los últimos años.
No existe una cifra oficial de cuántos casos serán de hecho transferidos. Pero según un estudio de la universidad privada Fundación Getulio Vargas (FGV), apenas 5.44% de las acciones penales que se tramitan en el STF se refieren a delitos cometidos en función del cargo público o durante el ejercicio del mismo.
Tal cifra indica que buena parte de los casos contra políticos podrían ser enviados a tribunales inferiores tras la decisión de este jueves. Entre los políticos investigados a raíz del escándalo de "Lava Jato" se encuentra el presidente Michel Temer. El mandatario fue denunciado dos veces por la fiscalía general por corrupción, pero no puede ser procesado por la corte Suprema sin el aval del Congreso, que lo blindó en dos ocasiones el año pasado.
El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que perdió sus fueros desde que dejó la presidencia, enfrenta en cambio varios procesos en tribunales inferiores, y fue preso el mes pasado tras ser condenado a más de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
