Miles de colombianos protestaron el viernes para exigir la renuncia del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.
El funcionario es un aliado de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero sus detractores en Colombia afirman que obstruyó una investigación que vincula a políticos y grupos empresariales con la constructora brasileña Odebrecht, implicada en un vasto escándalo de corrupción a nivel regional para conseguir contratos de gobierno.
Mientras anochecía en la capital colombiana, los manifestantes se congregaron afuera del despacho de Martínez con linternas de mano para “iluminar” a las que consideran son instituciones corruptas del país. También portaban carteles que decían “Odebrecht”, y sostenían otros que acusaban al funcionario de ser cómplice de la compañía.
“Queremos que Colombia sea un país decente. El hecho de que alguien como Martínez esté a cargo de la fiscalía es inmoral”, dijo Diego Carrero, profesor universitario que participó en la protesta.
Los manifestantes se dijeron alentados por los recientes acontecimientos en Perú, donde el fiscal de la nación Pedro Chávarry fue obligado a renunciar en medio de acusaciones de que intentó obstruir una pesquisa relacionada con Odebrecht en ese país.
Los partidos de oposición en Colombia han afirmado desde hace tiempo que Martínez tiene muchos conflictos de interés que lo hacen una persona inadecuada para el cargo.
Antes de convertirse en fiscal general de la nación en Colombia en 2016, Martínez fue asesor legal de Grupo Aval, un conglomerado bancario que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, el cual se asoció con Odebrecht para desarrollar el proyecto de una carretera en el centro de Colombia a un costo de 2 mil millones de dólares y cuyo financiamiento está siendo investigado.
La reputación de Martínez se desplomó en noviembre, cuando un canal local de noticias difundió la grabación de una llamada telefónica en la que se le puede escuchar reprender a un auditor interno que había insinuado que Odebrecht estaba sobornando a políticos para asegurar el jugoso contrato de la carretera. Martínez le grita malas palabras al auditor y le dice que no hable de lo que haya descubierto con nadie más.
La grabación se remonta a 2015, cuando Martínez era abogado de Aval. Sin embargo, no fue dada a conocer sino hasta después de que el auditor, Jorge Enrique Pizano, fue hallado muerto en su casa. El hijo de Pizano falleció unos días después de que bebiera el contenido de una botella de agua envenenada con cianuro que encontró sobre el escritorio de su padre, lo que suscitó todo tipo de teorías de conspiración. Martínez ha dicho que no tuvo nada que ver con la muerte de Pizano.
Después de convertirse en fiscal general, Martínez se recusó de la investigación contra Odebrecht. Su oficina ha acusado a un viceministro y a un exsenador de aceptar sobornos, y emitió órdenes de arresto contra varios intermediarios.
Martínez también ha acusado a Odebrecht de pagar sobornos por casi 50 millones de dólares en Colombia, cantidad cuatro veces mayor a lo que la empresa reconoció en 2016 en un acuerdo con la fiscalía en Estados Unidos cuando admitió haber entregado 788 millones de dólares para conseguir contratos en 12 naciones.
La reputación de Martínez recibió otro fuerte golpe el año pasado cuando su principal fiscal anticorrupción fue detenido con base en una orden de arresto de Estados Unidos porque supuestamente había exigido sobornos a políticos a cambio de restar celeridad a las investigaciones que enfrentaban.
