Al menos 15 grandes empresarios argentinos figurarían con sociedades offshore a su nombre o vinculados de manera directa a los documentos revelados en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), por sus siglas en inglés), señaló este martes, 19 de abril, el diario bonaerense La Nación.
Según el rotativo, estos empresarios controlarían en total más de 40 compañías en países no cooperativos en materia fiscal. La mayoría se habría creado en Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas o las Seychelles durante los últimos cinco años, en coincidencia con la imposición del “cepo cambiario” en Argentina.
Así parece desprenderse de los documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, que habría detectado y analizado La Nación en el marco de la investigación impulsada por el ICIJ y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
De acuerdo con la nota, la mayoría de esos empresarios “de alta exposición pública” habría seguido un mismo patrón de conducta. Presuntamente armaron sociedades offshore para desarrollar inversiones en el extranjero y, en ciertos casos, abrir cuentas bancarias. Y muchos habrían optado por emitir acciones “nominativas” -es decir, con sus nombres registrados- en vez de tenerlas “al portador”, que ofrece otra opción de anonimato.
¿Por qué habrían recurrido a inversiones offshore?, se pregunta La Nación. Según ellos mismos, habría sido por las restricciones derivadas del cepo y las “trabas al comercio” en la Argentina, por oportunidades de inversión y hasta por la incertidumbre electoral de 2015. Pero también pudo ser por las “facilidades operativas” y los “bajos costos” que ofrecen estas jurisdicciones.
En rigor, operar con una sociedad offshore no representa una práctica ilegal en sí misma, aunque este tipo de compañías puede utilizarse como pantalla para evadir impuestos o blanquear dinero ilícito. Pero en el caso de los empresarios argentinos detectados, todos afirman que informaron sobre sus operaciones -o están aún a tiempo de hacerlo- a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que podría cotejar sus dichos con sus declaraciones, dice el diario argentino.
Casi todos ellos figurarían, además, en los registros de Mossack Fonseca como dueños o “beneficiarios finales” de las firmas.
