Fiscales argentinos pidieron a sus homólogos de Antigua que compartan información sobre cuentas en un banco en la pequeña isla caribeña, que fueron utilizadas por Odebrecht para pagar sobornos en un escándalo de corrupción intercontinental.
Se trata del Meinl Bank, dijo Anthony Armstrong, director del Ministerio Público de Antigua. La solicitud fue hecha en nombre de un fiscal que investiga los potenciales sobornos en la construcción de un ferrocarril subterráneo, dijo una persona familiarizada con la investigación en Argentina, que pidió el anonimato porque no está autorizada a hablar públicamente.
Representantes de Odebrecht en Argentina declinaron formular comentarios.
Meinl Bank fue parte de una vasta red de sobornos que la constructora brasileña ha admitido haber operado por más de una década en toda Latinoamérica. Las cuentas en el banco se utilizaron para canalizar parte de los $788 millones en sobornos a políticos, funcionarios, ejecutivos de empresas y reguladores en todo el mundo, admitió Odebrecht en una corte penal estadounidense. Solo en Argentina, se pagaron $35 millones en sobornos entre 2007 y 2014. Los detalles sobre esos pagos podrían ayudar a incriminar a miembros del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como aliados del presidente Mauricio Macri.
Argentina realizó la solicitud a la Cancillería de Antigua bajo un tratado entre los dos países que permite el intercambio de información en casos criminales, dijo Armstrong. El objetivo de Argentina son las cuentas de Meinl que Odebrecht utilizó durante años para canalizar sobornos, señaló.
"Todo tiene que ver con el caso de Odebrecht", dijo Armstrong en una entrevista desde St. Johns, la capital de Antigua. "Estamos procesando la solicitud".
Odebrecht se adjudicó el proyecto para excavar túneles para una línea de tren bajo la ciudad de Buenos Aires en 2013, durante el gobierno de Fernández. Ganó la concesión junto a Iecsa, S.A., que en ese momento era propiedad del primo de Macri Ángelo Calcaterra.
En Antigua, Armstrong dijo que ha estado trabajando por más de dos meses para recopilar la información que Argentina ha solicitado.
La tarea ha sido ardua porque requiere obtener órdenes judiciales para asegurar registros de transacciones y otra información confidencial, así como para congelar cuentas.
Se negó a proporcionar más detalles sobre la naturaleza de la solicitud. "Estamos trabajando lo más duro posible para reunir toda la información que desean y enviarla lo antes posible", dijo Armstrong. "Pero no puedo decir cuánto tiempo tomará".
