Creo que hablo por muchos cuando confieso que estoy agotada con la avalancha de declaraciones, acusaciones, medias verdades y mentiras que constituyen la arremetida de Trump contra Panamá. Es un bombardeo constante que, solo en los últimos días, incluyó desde la Audiencia del Senador Ted Cruz, hasta una foto de un cartel rasgado del Banco de China que según el presidente estadounidense prueba que el 64% de los anuncios en Panamá están en chino. Un comentario de precisión bastante sospechosa, especialmente después de escuchar tantas imprecisiones en el Senado.
Es una situación de locos que promete extenderse, pues esta algarabía de ataques y desinformación ha sido precisamente el método con el que Donald Trump ha conseguido muchos de sus logros políticos. Ese es su manual de acción.
¿Y cuál es el manual de acción panameño? No lo conocemos, pues la información por parte de nuestro gobierno llega a cuentagotas. En su conferencia semanal el Presidente Mulino dijo que la relación con los Estados Unidos es una prioridad y responsabilizó a Juan Carlos Varela de la crisis actual con la potencia del norte, al punto de asegurar que las relaciones diplomáticas con China eran “producto de la mentalidad maquivélica de un enfermo”.
No dio ninguna información sobre la estrategia panameña para enfrentar a Trump, argumentando que hacerla pública sería contraproducente diplomáticamente. Seguimos a oscuras sobre la ruta de navegación en medio de las aguas turbulentas que llegan del norte.
Esta crisis parece haber desbordado a un gobierno que hasta el momento se había jactado de su comunicación franca. Tan es así, que para informarse de las directrices diplomáticas de Panamá, hay que leer los medios internacionales. Para muestra, dos ejemplos recientes.
El 23 de enero Bloomberg reportó que el gobierno panameño contrató a la firma de cabilderos BGR Group, cuyo rostro más visible es David Urban, colaborador en la campaña de Trump y comentarista de CNN. El gobierno panameño acordó pagar $205 mil dólares mensuales por una asesoría que incluye contactos con personas claves dentro de Estados Unidos.
El monto total del contrato asciende a $2.5 millones, lo que coincide con la cifra que la Cancillería pidió en la Comisión de Presupuesto, precisamente para consultorías internacionales que mitigen riesgos frente a Trump. Podemos asumir que el traslado de partida solicitado al Legislativo, es para pagar el contrato a la firma BGR, porque la cantidad y los objetivos son iguales.
Los diputados pusieron en pausa la partida y exigieron la comparecencia del Canciller Martínez Acha para escuchar las explicaciones necesarias. El ministro aún no ha asistido, pero publicaciones internacionales reportan que el acuerdo con el grupo de cabildeo se firmó días antes de la inauguración de Trump. Una contratación hecha a espaldas al país y sin la aprobación legislativa, precisamente en un tema que amerita toda la transparencia posible.
El hecho no pasó desapercibido pues se hicieron virales unas declaraciones de Urban en CNN el 23 de diciembre pasado en las que, el ahora cabildero de Panamá, dijo que Estados Unidos podría invadir militarmente a nuestro país y “patear algunos traseros” (disculpas por la expresión, pero es la traducción literal) para recuperar el Canal.
Es urgente que el gobierno nos explique de qué manera Urban pasaría de legitimar una acción militar en Panamá a defender la posición panameña. ¿Con qué credibilidad podría dar un giro de 180 grados en su posición y convencer a personas claves? ¿Es ese un vocero apto para defender nuestra soberanía sobre el Canal? Son preguntas que necesitan respuestas.
La cereza del pastel: BGR ya trabajó en 2022 para Panamá, nada más y nada menos que como parte del equipo de renegociación del contrato de First Quantum. No tengo que recordarles cómo terminó eso. Por donde se mire, una contratación que merece una explicación de las autoridades.
También fue un medio internacional, esta vez el Wall Street Journal, el que reportó la reunión en Washington entre el vicecanciller Carlos Ruiz-Hernandez y Michael Kozak, secretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Al ser cuestionado por los medios, Mulino dijo que esa reunión no tuvo ningún misterio y que fue solo para coordinar detalles logísticos de la llegada de Rubio.
Una versión muy distinta publicó el diario estadounidense, implicando que la reunión hace parte de una estrategia panameña que busca endulzar a los Estados Unidos ofreciendo cooperación en temas como migración y seguridad. El escrito incluso cita a un alto funcionario panameño que asegura que el gobierno de Mulino está “dispuesto a tomar acciones para calmar los nervios de la administración Trump” sobre la presencia china en Panamá.
Desconozco si esa “ofensiva de encanto” de la que habla el periódico es parte del manual del gobierno para manejar la crisis. No obstante, el hecho de que una información tan delicada se conozca primero afuera de nuestro país, es para que todos tengamos un ataque de nervios. Todos menos Mulino, al que escuchamos decir “cero estrés” dos veces.
Aunque el mandatario aseguró que nuestra relación con los Estados Unidos no está basada en la subordinación, ante la llegada de Marco Rubio a Panamá este fin de semana, dijo que todavía “no conoce la agenda”. ¿Esto quiere decir que la agenda la establece unilateralmente Estados Unidos? ¿Qué hay de nuestra agenda? ¿Cuáles son los objetivos de Panamá con esta visita?
Es claro que no habrá unanimidad sobre la mejor forma para enfrentar esta situacion, pero si queremos aspirar a una especie de unidad momentánea frente a lo que es percibido por muchos como una amenaza existencial, se requiere hablar con la verdad. Las promesas de transparencia deben traducirse en hechos.
Los ciudadanos necesitamos conocer las motivaciones, decisiones y acciones del gobierno ante esta crisis. La información -y la agenda- no pueden seguir llegando desde el norte.