El proyecto de ley No. 10, que modifica y adiciona artículos a la Ley No. 45 de 2007 sobre protección al consumidor y que regula el uso de los estacionamientos, fue aprobado hoy jueves en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
A esta iniciativa se opone la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y pide el respeto a la propiedad privada.
El diputado perredista Leandro Ávila, uno de los proponentes del proyecto de ley junto a su copartidario Javier Ortega, dijo que es respetuoso de la empresa privada.
“Sin embargo, este tema de los estacionamientos está haciendo crisis y no se trata de quién puede pagar y quién no puede pagar”.
Agregó que “se trata de que me expliquen a mí si se hace un centro comercial sin estacionamiento, por ejemplo, cómo la gente va y compra en ese centro comercial”.
“Sería prácticamente imposible y he tratado de explicar que en economía hay algo que se llama el costo de la inversión y los estacionamientos cuando se hicieron los centros comerciales, hospitales, supermercados o cualquier tienda, fueron parte del costo de inversión de ese centro comercial”, dijo Ávila.
El artículo No. 2 del proyecto de ley tras su modificación establece el derecho al espacio de estacionamiento, por lo que el usuario tendrá derecho a utilizarlo libre de costo por un período de hasta tres horas.
La norma incluye los estacionamientos comerciales de cualquier tipo u oficinas públicas donde se realicen compras, se adquieran bienes o se reciba algún servicio.
Las clínicas y hospitales, de acuerdo con la modificación al artículo No. 2, señala que deberán otorgar un período no inferior a dos horas para los pacientes y no inferior a una hora para los visitantes.
Por su lado, Carlos Fernández, en representación de la Cámara de Comercio, indicó que piden el respeto al derecho a la propiedad privada, “el libre mercado crea la autorregulación”.
Fernández dijo que esa ley no es necesaria y que “no venimos a señalar si alguien debe cobrar más o menos por los estacionamientos, venimos a pedirles que bajen este proyecto a primer debate y se logre el consenso con todos los sectores”.
“Este documento se aprobó sin que se realizaran los debidos consensos con el sector privado, las autoridades municipales, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, así como la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, y el nuevo administrador de la Acodeco”, señaló Fernández.
“Consideramos que es una medida que crea un procedente funesto y perjudica la imagen de inversión de nuestro país y que al final no ve con luces largas la verdadera situación por la cual atraviesa nuestro país en materia de movilidad urbana”, añadió.
