Las cumbres y sus actividades satélites como los foros previos son vistas por muchas de las organizaciones asistentes como una vía de exposición para muchos de los problemas que atraviesan y que en sus países no tienen cómo exponer.
Un grupo de jóvenes nicaragüenses aprovechó esta ventana para exponer su preocupación y su oposición al proyecto de construcción del canal interoceánico de Nicaragua después de haber recurrido a otras instancias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde denunciaron la intimidación y la represión policial que han sufrido por protestar.
Los manifestantes desplegaron una gran pancarta, incluso repartieron unos folletos en los que plantean que “la concesión incluye más de 10 megaproyectos sobre los cuales un solo concesionario tiene derechos exclusivos de desarrollo y operación”.
El multimillonario proyecto ha sido muy criticado dentro del país centroamericano, pero los grupos críticos han tenido poco éxito en hacerse escuchar. De hecho, los manifestantes señalaron que más de 120 mil personas han realizado al menos 41 protestas. Y se han recolectado unas 60 mil firmas de opositores, ello sumado a los 32 recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema encaminados a derogar la ley que autorizó la construcción.
Las objeciones van desde temas fiscales hasta socioambientales. Por ejemplo, dicen que la concesión exime a los inversionistas del pago de impuestos por una obra cuyo costo estimado es de unos 50 mil millones de dólares.
Igualmente se les exime de las leyes locales en materia administrativa, económica,civil, penal y laboral.
Pero el costo humano es uno de los mayores argumentos de los opositores al proyecto. Al menos 120 mil personas asentadas a lo largo de las 278 kilómetros del canal y en los 10 kilómetros de las riberas, resultarán desplazadas y con ello también se pierden las tierras de cultivo. Y a ello se suman el peligro de contaminación de un enorme reservorio de agua dulce, el lago Cocibolca y la afectación de siete áreas protegidas.
