Nombrar a juristas vinculados al Ejecutivo o a partidos de gobierno como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no contribuiría a generar confianza en el sistema judicial, advierte la sociedad civil.
CONFIANZA
Varias organizaciones de la sociedad civil advirtieron ayer que si se nombran como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a algunos de los juristas que se vinculan con el Ejecutivo o con los partidos de gobierno no se contribuiría en nada con el propósito de generar confianza pública en el sistema judicial.
En una carta remitida al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que fue firmada por 10 grupos de la sociedad civil organizada, se planteó que los magistrados de la CSJ no solo deben ser catalogados como independientes e imparciales, sino que también se les debe percibir como tales.
Consideraron que además de los méritos académicos y profesionales, el momento actual que vive el país exige magistrados y magistradas con integridad y probidad reconocida, independientes e imparciales, con trayectoria personal y profesional intachables; con capacidad para liderar los cambios que necesita el poder judicial; que se comprometa con los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la corrupción.
“Nuestras organizaciones no le dirán a quién tiene que nombrar, ni quiénes son los mejor evaluados de esa lista de 10 propuestos, pero sí le queremos insistir que estos nombramientos pueden ser fundamentales para fortalecer la independencia judicial o ser un elemento adicional para la profundización de la crisis del sistema de justicia”, indicaron.
También solicitaron al mandatario dar a conocer los nombres de los juristas que considera como suplentes.
Las organizaciones que firman la nota son: Alianza Ciudadana Pro Justicia, Alianza Estratégica Nacional, Comisión Pro Valores Cívicos y Morales, Escuela de Ciudadanía Alberto Quirós Guardia, Espacio Encuentro de Mujeres, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Frente por la Defensa de la Democracia, Movimiento Institucionalidad y Justicia, Mesa de Análisis de Leyes de Personas con Discapacidad y la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia.
