El 29 de octubre de 2015, el viceministro de Seguridad, Rogelio Donadío, mandó a llamar a Carlos López, jefe de Planillas del Ministerio de Seguridad, para que fuera a su despacho de inmediato.
Donadío le pidió sentarse y mandó a traerle agua porque, según dijo, “lo que venía no era nada bueno”.
En una carta de tres páginas dirigida al director institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad, Sami Far, fechada el 9 de noviembre de 2015 y recibida ese mismo día con sello del ministerio, López contó lo sucedido.
Al llegar, lo esperaba Donadío con un “traje de camuflaje del Senafront. En la oficina estaban además el abogado Aquiles Medina, la secretaria Emilia Villamil y el señor Orley Jiménez”.
“Me insultó diciendo que yo era un delincuente, pues él ya me había indicado en días anteriores que no firmara planillas adicionales que portaran documentos (que según su apreciación eran) ilegales. Yo intentaba explicarle el porqué había firmado las planillas; sin embargo, continuaba agrediéndome verbalmente, diciendo ‘tú eres un delincuente...’ (ver facsímil). También me amenazaba diciendo que yo quedaba desempleado o me iba a la cárcel, pues él se iba a encargar de eso” [sic].
Según López, al cabo de una hora Donadío mandó a llamar al escolta de apellido Gobea, a quien le preguntó: “¿Yo qué te he dicho que hagas si me ves cometiendo un delito?” La respuesta fue: “Que lo arreste, señor”, y la orden fue “que me esposara, aduciendo que yo era un delincuente. El escolta titubeó. Sin embargo, Donadío reafirmó la orden para que me esposaran con manos atrás”.
Ante eso, recalcó, ninguno de los presentes hizo nada.
Aun esposado, relata el todavía funcionario, Donadío siguió “diciendo que así era como yo debía estar por ser un delincuente”, que había atentado contra su imagen y la seguridad de su familia al ponerlo a firmar (según él) documentos ilícitos”. López no detalló a qué documentos se refería.
“Luego se levantó, se dirigió hacia mí y a escasos centímetros de mi oído decía en un tono extremadamente alto: tú eres un delincuente y a mí no me vas a joder”.
Al cabo de 10 o 15 minutos, contó López, Donadío le ordenó al escolta liberarlo y le preguntó si se sentía impotente, ante lo que él respondió que se sentía defraudado de quien debía velar por la seguridad ciudadana.
Ahí, dijo, Donadío alegó que lo esposó para darle un escarmiento, que lo apreciaba y lo que quería era que no hiciera más cosas indebidas.
Luego, según el relato del funcionario, frente a los demás, Donadío dijo que lo que hizo fue para demostrar que “él es el que manda, que así vestido de militar tenía toda la autoridad y el poder”; le dijo que el ministro estaba haciendo las cosas mal y que no podían seguir apoyando eso, y que estuviera tranquilo, que no lo iba a molestar más por unos 15 días y que lo iba a defender, pero que siguiera sus instrucciones.
En la carta López pidió el apoyo del ministro no solo para que se castigara el abuso de autoridad, la extralimitación de funciones, el ultraje y la privación de libertad, sino también para solicitar su estabilidad laboral por temor a represalias.
El 21 de diciembre, Donadío le mandó un memo a López en el que le pidió explicaciones por un caso interno, advirtiéndole que no aceptaría excusas para evadir responsabilidades. A eso, el ministro Rodolfo Aguilera le escribió a mano a Sami (a quien López dirigió su carta): “Se cree que lo mandó a esposar. Que no asista. Debemos velar por su integridad física. Slds” (y su firma).
Contactado por este medio a través de una llamada que contestó Orley Jiménez (uno de los presentes el día del incidente, según López), Donadío confirmó que hace meses tiene la nota, pero que como se trata de un proceso interno no comentaría.
Pero ayer en Telemetro dijo: “Son cosas que no entiendo. Parecen ficción”. Luego dijo: “No entiendo ese tipo de respuesta”. Después: “No lo pude leer porque no tuve internet”. Y por último: “Somos responsables de 40 mil hombres de los estamentos de seguridad que todos los días salen a la calle a proteger la vida de los ciudadanos aun a costa de sus vidas. Eso es más importante que una entrevista”.
El artículo 21 de la Constitución dice que “nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” y que “los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la ley”.
Además, el artículo 149 del Código Penal establece que “quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si la privación de la libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones, la sanción será de dos a cuatro años de prisión”.
Sin embargo, en el “Knockout” de la edición de La Prensa del pasado domingo 1 de mayo, Aguilera confirmó que eso solo lo estaba investigando Recursos Humanos del ministerio.
