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ANOMALÍAS EN LA PASADA ADMINISTRACIÓN

AIG denuncia compra irregular de licencias de ‘software’

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) presentó hoy, viernes 23 de enero, una denuncia en el Ministerio Público por presuntas  irregularidades cometidas por la pasada administración en la compra, instalación, configuración y uso de 56 licencias de un software APM (Application Perfomance Management), marca Dynatrace versión 5.0.



Según se conoció, las 56 licencias de software APM fueron compradas a la empresa TR Consultores, S.A. entre los meses de julio y diciembre de 2013, por un monto total de 4 millones 74 mil 560 dólares. Esto, a razón de 72 mil 760 dólares la unidad.



En la denuncia consta que los hallazgos en la auditoría interna revelan irregularidades en los procedimientos de contratación, mediante un “evidente fraccionamiento de compras”, así como en la obtención de los recursos para la adquisición de licencias de uso especializado.



El administrador general de la AIG, Irvin Halman, indicó que se logró determinar que la adquisición de las 56 licencias de software se realizó mediante la generación de 15 órdenes de compra a la empresa TR Consultores, S.A.



De esta forma, la administración anterior pasó por alto la aprobación del Consejo Nacional de Innovación Gubernamental, un requisito establecido en la institución para contrataciones superiores a los  300 mil dólares.



A su vez, Halman detalló que el software Dynatrace fue adquirido por la entidad –a través del portal Panamá Compra– se dio en cantidades que no eran necesarias para uso en la Nube Computacional Gubernamental que administra la AIG. Se trata de una aplicación muy especializada que se instala en servidores para el monitoreo de transacciones y el desempeño en nubes computacionales y sitios web, según pudo conocerse hoy.



El pasado 13 de enero, la AIG presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue la adquisición de licencias de una plataforma de mensajería por celular para 100 usuarios que no fueron instaladas en las entidades objeto del contrato.


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