Los fiscales superiores Zuleyka Moore y Adecio Mojica (con 32 y 19 años de servicio, respectivamente) rompen el silencio una semana después de su destitución. Moore investigó el caso radares, que mantuvo preso por aproximadamente seis meses al hoy presidente de la República, José Raúl Mulino, y junto con Mojica investigó el caso Odebrecht, que llevará a juicio en los próximos meses a decenas de imputados allegados a este nuevo gobierno. La destitución, que los fiscales aseguran que es injustificada, se dio tres días antes de la toma de posesión de Mulino. Ambos presentaron ya una medida de reconsideración que debe ser resuelta en menos de 30 días.
¿Cómo se enteró de su destitución?
Yo estaba como Fiscal Superior de Bocas del Toro. Una secretaria de Recursos Humanos de Panamá me notificó el viernes 28 de junio a las 4:00 p.m.
¿Qué justificación le dio?
Según la resolución, es porque no soy funcionaria de carrera y, por tanto, soy de libre nombramiento y remoción a discrecionalidad de la autoridad nominadora, en este caso, el señor Javier Caraballo, procurador general de la Nación.
¿Se lo esperaba?
No, no me lo esperaba. El viernes 31 de mayo me suspendieron mis vacaciones, faltando 15 días para concluirlas, y me notificaron que debía iniciar labores en Bocas del Toro el día 3 de junio. Por eso no pensé que 24 días después se decidiría la remoción del cargo.
¿El procurador se comunicó alguna vez con usted por alguna investigación o falta?
Por esos motivos no.
¿Cuál cree usted que es la verdadera causa de su despido? ¿Y qué tendrían que ver los casos de los radares y de Odebrecht en esta decisión?
Espero que no haya relación entre una cosa y la otra. Cuando un fiscal toma decisiones, lo hace porque tiene elementos suficientes. En el caso radares, hay una sentencia extranjera que declaró que hubo un pago del 10% de comisiones que no estuvo registrado en el contrato, y en el caso de Odebrecht están las cuentas donde el dinero circuló. Además, las decisiones de un fiscal siempre son controladas por un tribunal.
La decisión de mi destitución debió ser sustentada en razón a algún proceso o falta disciplinaria, de acuerdo con lo que dice la Ley No. 1 de 2005, lo cual no tuvo lugar. La Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencias de los últimos 15 o 20 años, así lo ha dicho: que no puede haber una sanción disciplinaria sin proceso previo y eso no tuvo lugar, al menos antes del 27 de junio de 2024. Cualquier situación fuera de eso son especulaciones, y 32 años de servicio en el Ministerio Público me han enseñado que se actúa con hechos, no con palabras.
¿Debemos esperar más despidos en el MP?
Espero que no. Por el bien del país, no deben haber más despidos injustificados.
¿Qué amenazas recibió?
Desde el año 2015, muchas. “Los verdugos de hoy van a ser los carniceros de mañana” era una muy frecuente. Pero, como fiscal, juré un cargo al servicio de la sociedad. Un fiscal no puede darse el lujo de actuar o dejar de actuar por amenazas o presión.
Usted fue investigada por una denuncia hecha por la actual ministra de Educación, Lucy Molinar. ¿Qué tiempo estuvo separada? ¿Cuál fue el veredicto? ¿Qué paso ahí?
Hubo una investigación por su denuncia, que fue archivada y confirmada la decisión por la Corte Suprema. Por esa denuncia se nos envió de vacaciones 5 meses aproximadamente. Luego se nos reincorporó, pero se nos asignaron labores en la sección segunda de delitos sexuales de la Fiscalía Metropolitana.
¿De qué otra investigación o proceso fue objeto usted?
Sinceramente, ya he perdido la cuenta de la cantidad de denuncias que surgieron por el caso Odebrecht. Entiendo que aún hay dos pendientes de decisión por el pronunciamiento del Procurador.
¿Usted supo que Aurelio Vásquez renunció? ¿Se comunicaron? ¿Qué le dijo?
Sí, él nos comunicó su decisión una vez supo de nuestro despido. Fue su decisión.
El MP debe ser una entidad apolítica. En la práctica, ¿lo es?
El MP debe ser apolítico. Así está en la Constitución. Difícil responder...
¿Qué sigue, en su caso? ¿Cuáles son los siguientes pasos que usted tomará?
Yo presenté el escrito de reconsideración el día 3 de julio a las 8:09 a.m. para agotar la vía y luego llevar mi caso a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen 30 días calendario para responderme.
Su respuesta a quienes alegan que la destituyeron por haberse prestado para la persecución del expresidente Juan Carlos Varela.
Como fiscal actué conforme a ley. Perseguí el delito, y los delitos contra la administración pública no escapan de esa actividad. El jueves 4 de julio se publicó el pronunciamiento de la sentencia condenatoria de un caso que asumimos en su momento, el de los estacionamientos del aeropuerto de Tocumen. ¿Ese resultado es persecución? Así está también el caso de las llantas del PAN, que culminó con condenas. El caso del alcalde de Arraiján también culminó con sentencia condenatoria. Ese es el resultado de perseguir el delito con un equipo de personas preparadas, con criterio formado y muchos años de estudios. Personas serias que tomaban decisiones tras horas de mesas de trabajo. Resulta imposible que un fiscal actúe de manera subjetiva y un tribunal no haga el control al respecto. No se puede afirmar que fuimos un instrumento de persecución. Con 32 años de servicio público ya he demostrado quién soy, y los principios y valores que rigen mi vida.
¿Qué mensaje reciben los otros fiscales con esta decisión?
Es una situación incómoda, porque crea un precedente en investigaciones de alto perfil.
El procurador de la Nación habló de la multa que el MP tuvo que pagar por un error suyo. Su explicación.
Cada decisión asumida fue controlada por el tribunal y en ese caso el Tribunal Superior nos dio la razón de la cautela del bien. El pronunciamiento fue en 2019. Es importante agregar que en la demanda al Estado a la que se refiere la multa de $50 mil a la que hace mención el Procurador, la Procuraduría en el momento del traslado, por parte del mismo Procurador, dio razón a las actuaciones de la Fiscalía.
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