El Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá Héctor Gallegos denunció que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se niega a cumplir los acuerdos logrados el 21 de junio de 2019, en una mesa de entendimiento, con el propósito de reparar a los familiares de las víctimas y reconocer los hechos ocurridos en la dictadura militar (1968 -1989).
Maritza Maestre, vocera del grupo, explicó que con los acuerdos alcanzados en esa mesa de diálogo promovida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado panameño prometió cumplir una serie de puntos, pero, a la fecha, sostiene que ninguno de ellos se ha concretado.
Lo acordado
El pacto incluye que el gobierno reconozca a los desaparecidos como fallecidos, trámite que se haría en el Registro Público. También se contempla la construcción de un monumento en memoria de las víctimas, el reconocimiento en los libros de historia de los hechos ocurridos entre 1968 y 1989 y una compensación económica. Todo eso debía estar estipulado en un decreto de Gabinete.
Maestre también explicó que el Estado panameño se comprometió a entregar la suma de $13 millones a los familiares de los desaparecidas como compensación por las violaciones a sus derechos humanos, la privación de libertad y las torturas cometidas. Añadió que originalmente les dijeron que se haría en un solo desembolso, pero que en esta administración, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le planteó a la CIDH pagar la indemnización en un término de tres años. La petición del MEF se fundamentó en la falta de recursos económicos a causa de la pandemia por la covid-19.
A la fecha, los miembros del comité esperan que el Consejo de Gabinete emita el decreto con el que se formalizan los acuerdos de la mesa de entendimiento.
Un largo recorrido
El 23 de octubre de 2003, la CIDH recibió una petición de familiares de las víctimas de la dictadura militar, contra el Estado panameño. En la petición se alegaba que en un contexto de violencia y abuso de poder que habría imperado durante la dictadura militar instaurada en Panamá desde el 11 de octubre de 1968 hasta el 20 de diciembre de 1989, por lo menos 109 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado.
El 27 de octubre de 2015, la CIDH emitió el Informe de Admisibilidad No. 68/15 de la solicitud presentada por los familiares de los desaparecidos. Sin embargo, en el 2010, las partes iniciaron una negociación bilateral de forma amistosa, la cual culminó el 21 de junio de 2019.
Un informe de la CIDH reconoce que el acuerdo de solución amistosa suscrito contiene medidas de reparación importantes, como un acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado panameño, la confección de una memoria histórica sobre los hechos, una investigación y sanción de los responsables y un monumento en memoria de los asesinados y desaparecidos, así como medidas de compensación económica a favor de los familiares.
El informe también reconoce como emblemática la medida legislativa que obliga al Estado a crear la categoría de “desaparecido” para las víctimas de la dictadura militar de 1968 a 1989. Sin embargo, este es otro aspecto que tampoco ha prosperado.
Cancillería responde
Por su parte la Cancillería explicó que en este caso el Estado y los peticionarios miembros de la agrupación COFADEPA-AG llegaron a un acuerdo de solución amistosa recogido en el informe 102/19 caso 13.017 -A de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Esta Cancillería y los peticionarios, a lo largo del año, sostuvieron diversos encuentros convocados por la CIDH, en la cual, la Cancillería de manera transparente ha informado a los peticionarios y al organismo sobre el estatus de cumplimiento del acuerdo”.
La Cancillería tiene interés de poder continuar los diálogos con los peticionarios, para lo cual, está a la espera que se pueda coordinar una nueva reunión por intermedio de la CIDH.
