El Primer Tribunal Superior confirmó este martes 30 de enero la disolución de las sociedades Inmobiliaria TPA, S.A. y TPHC, ambas tenedoras de acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), y no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la firma de abogados Cruz, Ríos & Asociados, en el marco del caso New Business.
La decisión, redactada bajo la ponencia de la magistrada Guimara Aparicio Ortega y apoyada por las magistradas Melina Robinson y Lilianne Ducruet, mantiene a favor del Estado la administración de los bienes inmuebles que están a nombre de ambas sociedades.
Las magistradas consideran que el recurso presentado por Cruz, Ríos & Asociados expresa una disconformidad con el criterio de la juez penal Baloisa Marquínez y pretendía convertir al Primer Tribunal Superior en una segunda instancia. Aparicio, Robinson y Ducruet concuerdan en que la juez tenía competencia para ordenar el comiso de las acciones de Epasa. Por tanto, el Primer Tribunal Superior no puede intervenir en su juicio o razonamiento.
Recuerdan que esta posición ha sido validada por múltiples fallos de la Corte Suprema de Justicia, en los que se establece que el amparo de garantías constitucionales es viable cuando se producen graves violaciones a los derechos fundamentales, no siendo una instancia para revisar la ponderación de aspectos relativos a los trámites propios de los procesos judiciales.
Este caso marca el undécimo amparo de garantías constitucionales relacionado con el caso New Business, que no es admitido tanto el Primer Tribunal Superior de Justicia como la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Corte también rechazó un amparo de Cruz, Ríos & Asociados, relacionado precisamente con el comiso de las acciones de Epasa.
En julio pasado, la juez Marquínez sentenció al expresidente Ricardo Martinelli a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones, por blanqueo de capitales. Esa sentencia fue apelada y confirmada en octubre pasado por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Ahora hay un recurso de casación, que no ha sido todavía admitido por la Sala Penal de la CSJ. La ponente es la magistrada Ariadne García.
La orden de la juez Marquínez, avalada por el Tribunal Superior de Liquidación, incluye el comiso del 60% de las acciones de Epasa, cuyo beneficiario es Martinelli. El 40% restante, que estaban bajo control de Henri Mizrachi, ya está en poder del Estado.
