El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales consideró que un juez penal hizo una valoración que se aparta de los parámetros establecidos por la ley al analizar el proceso seguido a la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Alma Cortés y a los exfuncionarios de esa entidad Hernán García, Ada Romero, Ana Arjona, Osiris Herrera e Iván Gantes, acusados del delito de peculado.
Se trata del juez adjunto del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, Fernando Basurto, que hace tres meses absolvió a Cortés y al resto de investigados.
El caso tiene relación con el cobro de unos viáticos para asistir a una serie de reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, entre junio y noviembre del 2011, por un monto de $49 mil.
Basurto, en un fallo del 19 de septiembre de 2022, absolvió a todos los implicados de los cargos de peculado, porque -según él- los exfuncionarios no cometieron ningún delito.
Tras el fallo de Basurto, la Fiscalía Anticorrupción apeló, alegando que los imputados no habían devuelto los viáticos a pesar de que no asistieron a la totalidad de las reuniones de la OIT.
El 13 de diciembre pasado, tras revisar la apelación, los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación, Manuel Mata Avendaño, Secundino Mendieta y José Hoo Justiniani, concluyeron que los elementos de convicción recabados durante la investigación dan el grado de certeza que se requiere para emitir un fallo de carácter condenatorio. Remarcan que existen suficientes pruebas incriminantes sobre la participación de los investigados en el hecho delictivo.
Los magistrados también concluyeron que este caso produjo una afectación tanto moral como económica significativa, que socava la credibilidad de las instituciones.
Por ello, decidieron revocar el fallo absolutorio emitido por Basurto y emitir una condena por el delito de peculado.
Por este caso la pena de prisión establecida en el Código Penal era de cuatro años de cárcel, pero se aplicó una reducción de pena para algunos de los implicados por haber devuelto parte del dinero.
En el caso de la exministra Cortés, se le impuso una pena de 32 meses de prisión, ya que se le rebajó una tercera parte de la pena por haber devuelto al Tribunal de Cuentas la suma entregada en concepto de viáticos.
Mientras que a García, Romero, Arjona y Herrera se les aplicó una sanción de dos años de prisión y para Gantes la sanción fue de cuatro años de cárcel. A este último no se le aplicó la rebaja de pena, porque no devolvió el dinero.
En su cuenta en Twitter, Cortés dijo que la condena en su contra es una persecución política. “El daño que hemos sufrido es incalculable... Pero no pierdo la esperanza este infierno terminará”, escribió.
