El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales rechazó una solicitud de aclaración de sentencia presentada por Daniel Ochy contra la sanción de ocho años de prisión impuesta por el delito de peculado, relacionada con el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.
A través del edicto No. 349, colgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas este miércoles, se informa a las partes de la decisión asumida por el tribunal de mantener, en todas sus partes, la sentencia emitida el 1 de diciembre de 2025.
Daniel Ochy fue condenado a la pena de ocho años de prisión por el delito de peculado, luego de que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un fallo absolutorio del Juzgado Primero Liquidador y estimó que Ochy, como parte de la empresa Transcaribe Trading (TCT), a la que se le concedió el contrato para la construcción de la autopista, facilitó la malversación de fondos públicos, al incumplir las especificaciones técnicas y lo estipulado en el pliego de cargos, generando un beneficio económico desmesurado y fraudulento.
Según el informe de auditoría especial N.09-009-2017-DIAF de la Contraloría General de la República, se determinó que Transcaribe Trading, S.A., bajo la representación de Daniel Ochy, fue beneficiaria de pagos por trabajos realizados fuera de las especificaciones técnicas del contrato, causando un perjuicio económico al Estado por B/. 7,914,068.72.
El informe también detalla que Daniel Ochy, junto con otras personas, participó en la ejecución de trabajos que no cumplían con el pliego de cargos, especialmente en la aplicación indebida de la técnica “Rubblizing” (fragmentación de concreto) en áreas no autorizadas y la construcción de barreras tipo New Jersey fuera de especificaciones.
También destaca que Daniel Ochy firmó la Adenda N.1 al contrato y que, como representante legal de Transcaribe Trading, tenía la capacidad de comprender y ejecutar lo estipulado en el contrato y el pliego de cargos.
Por este caso también fue condenado a la pena de ocho años de prisión el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, mientras que con seis años de cárcel fueron sancionados los exfuncionarios de esa entidad Eder A. Márquez y Eduardo Rodríguez.
Asimismo, el tribunal aplicó condenas de ocho años de cárcel a los fiscalizadores de la Contraloría Lester Mendoza, Alcides Velásquez y Miguel González.
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales consideró que las pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por la Fiscalía Anticorrupción fueron suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los acusados, al concluir que actuaron de manera dolosa y no por negligencia, pese a estar llamados a proteger los bienes del Estado.
