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Por presunto blanqueo y conspiración para lavar

Guatemala da inicio al proceso de extradición de Luis Enrique Martinelli; Estados Unidos tiene 40 días para presentar la petición formal

Guatemala da inicio al proceso de extradición de Luis Enrique Martinelli; Estados Unidos tiene 40 días para presentar la petición formal
Luis Enrique Martinelli Linares, capturado en Guatemala. AFP

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala ordenó el inicio del proceso de extradición de Luis Enrique Martinelli Linares, requerido por Estados Unidos por presunto blanqueo y conspiración para lavar dinero ligado a Odebrecht.

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El mismo tribunal -integrado por tres jueces- otorgó un plazo de hasta 40 días para que Estados Unidos presente la petición formal de extradición y los documentos que la sustentan. De no hacerlo en el plazo dado, “se revocarán las medidas de coerción y se ordenará la libertad del requerido”.

La decisión, aunque adoptada el 24 de julio pasado, fue dada a conocer este viernes 7 de agosto.

Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto fueron capturados en Guatemala, el 6 de julio pasado, cuando intentaban abordar un avión privado a Panamá. Desde entonces, están en la prisión militar de Mariscal Zavala.

El proceso de extradición seguido a Ricardo Alberto se dirime en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, que todavía no ha dado a conocer alguna decisión. Su abogado, Denis Cuesy, recusó a dicho tribunal, y aparentemente ahora también hará lo mismo respecto al Tribunal Quinto de Sentencia Penal.

Cuesy alega que los hermanos Martinelli Linares son diputados suplentes del Parlacen, y que la detención viola sus “beneficios” como diplomáticos.

Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal nunca han sido juramentados como diputados suplentes, aunque hasta la semana pasada había un intento de la junta directiva del Parlacen para que ese acto se llevara a cabo en una reunión interna de la bancada panameña.

Según la acusación de Estados Unidos, los dos hijos del expresidente habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”.

Los pagos habrían beneficiado a un funcionario panameño, cuyo nombre no ha sido anotado en los documentos divulgados hasta ahora (la mayoría se encuentra sellado por orden del juez federal Robert Levy, de la Corte del Distrito Este de Nueva York). No obstante, ese funcionario es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno de Panamá” entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.


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