Una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos contra el orden económico, en la modalidad de apropiación indebida y delitos contra el medio ambiente, fue presentada el pasado jueves contra cuatro directivos de Minera Panamá, por los dirigentes el Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) y miembros de organizaciones que se oponen a la concesión en Donoso, provincia de Colón.
La denuncia interpuesta por el abogado Rubén Castrejo, está dirigida contra los directivos Philip Pascall, Petrus Val De Pall, Manuel Aizpurúa y Alan Michel Delayne, a quienes se acusa de explotar el proyecto minero, a pesar de la existencia de una fallo de la Corte Suprema de Justicia del 21 de diciembre de 2017, que declaró inconstitucional el contrato de concesión original del año 1997, existente hasta ese momento.
Castrejo alega que los directivos de la minera han continuado explotando los recursos de la región, según él, de manera ilegal, lo que -sostiene- ha ocasionando graves daños al medio ambiente. Además, precisa que se está explotando la concesión sin pagar al Estado panameño por el material extraído.
Los denunciantes solicitan que se obligue a la empresa a resarcir al Estado por los beneficios obtenidos desde la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato, en el año 201, y por los presuntos daños ambientales, hasta por la suma de $1,000 millones.
Consultada por La Prensa, la minera, a través de su equipo de relaciones públicas, comunicó que no ha recibido ninguna comunicación oficial ni notificación sobre esta supuesta denuncia, por lo tanto, no tiene conocimiento de la misma.
