La Fiscalía Anticorrupción presentará hoy miércoles sus alegatos, en los que solicitará responsabilidad penal para 45 personas acusadas de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN) a través de la compra y distribución de granos para las escuelas públicas.
El fiscal de la causa, Ariel De Gracia, solicitó dos días para presentar los argumentos sobre la vinculación de los investigados en las anomalías detectadas en la asignación para la compra de granos a través del PAN.
Según la investigación de la fiscalía, una red organizada operada por empresarios estaba detrás de los millonarios contratos del PAN para la compra de granos destinados a escuelas de difícil acceso. Esta versión fue confirmada por el exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, quien declaró que un mismo proveedor armaba un paquete de tres empresas con sus respectivas ofertas. Una de estas compañías reunía todas las condiciones para adjudicarse el contrato de compraventa de lentejas, porotos y frijoles.
Además, sostuvo que ese mismo proveedor presentaba tres cotizaciones de diferentes empresas con distintos dignatarios, o a veces pedía empresas prestadas a otro proveedor, para que estas presentaran ofertas superiores y así lograr la adjudicación del contrato.
Otro de los elementos en los que se apoya la fiscalía es el informe de auditoría, que reveló una lesión patrimonial por la suma de $12.3 millones. De acuerdo con esa auditoría, el PAN realizó pagos a los proveedores por $9.2 millones, sin que se evidenciara cuál sería el destino de los granos adquiridos. Igualmente, se encontró que los productos fueron comprados a un precio superior al de referencia establecido por el Instituto de Mercadeo Agropecuario.
Ayer culminó la presentación de testigos y peritos por parte de los abogados defensores, entre los que se presentó la exfuncionaria del PAN, Benilda Esther Henry, quien durante su interrogatorio aseguró que el exdirector de esa entidad, Rafael Guardia Jaén, era quien tomaba las decisiones. En su testimonio, Henry afirmó que los funcionarios del PAN cumplían con sus funciones y seguían las directrices e instrucciones dadas por Guardia Jaén.
Los abogados de la defensa desistieron de la mayoría de la presentación de sus testigos, entre ellos Mario Martinelli, quien, el primer día de audiencia, alcanzó un acuerdo de pena por 40 meses y el pago de una multa de $2.3 millones.
