La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concedió un término de 15 días a los defensores del exdirector del Fondo de Inversión Social (FIS) Giacomo Tamburrelli y al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez para presentar el recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que les confirmó una pena 10 años de prisión por la pérdida de la máquina pinchadora.
La decisión de la Sala Penal está contenida en el edicto No.104 fijado el pasado miércoles 24 de abril en la secretaría. Allí se notifica a los abogados defensores del término para sustentar el recurso de casación anunciado por ellos.
El 25 de agosto de 2023 el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la sentencia de 10 años de prisión para Tamburrelli y Pérez por la pérdida de una máquina pinchadora, que fue expedida en primera instancia por el liquidado Juzgado Primero Penal.
La máquina pinchadora desaparecida del Consejo de Seguridad Nacional desde julio de 2014 fue adquirida en 2012 a la empresa israelí MLM Protección por la suma de $13 millones, que fue gestionada por el FIS, que ese momento era dirigido por Tamburrelli.
Según el fallo ambos exfuncionarios incurrieron en una falta de cuidado e incumplieron sus deberes como directores en su momento y permitieron que ocurriera un perjuicio en contra del Estado con la pérdida de un equipo de seguridad altamente sensitivo.
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República estableció la lesión patrimonial de $10.8 millones.
Según la Contraloría hubo incumplimiento en el manejo de los controles administrativos exigidos por la ley.
Entre las anomalías encontradas está la ausencia de una nota formal en la que se sustentara la compra del equipo y la ausencia de informes que certificaran su instalación y entrenamiento de personal para su uso.
El informe de la Contraloría señala múltiples irregularidades en el manejo administrativo del caso, incluida la falta de documentación adecuada sobre la compra del equipo y la ausencia de informes que certificaran su instalación y entrenamiento del personal para su uso.
Pérez ya tiene una condena de 50 meses de prisión por la interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial. Por este caso también fue condenado Alejandro Garuz, otro director del CSN en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Por el espionaje político en su gobierno, Martinelli fue absuelto.
