La Contraloría General de la República adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados al exministro consejero para la Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini Santacoloma, hasta por un monto preliminar de $774,462.64.
La medida fue adoptada el jueves 17 de septiembre de 2026 -aunque comunicada este lunes 21- e incluye el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta cubrir el monto fijado.
En un comunicado, la Contraloría explicó que las medidas son “de carácter precautorio” y fueron adoptadas luego de evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.
No se indica si las investigaciones están relacionadas con algún caso de enriquecimiento injustificado.
Contraloría adopta medidas precautorias por B/.774 mil para proteger intereses del Estado.#ContraloríaPanamá #CGRPanamá pic.twitter.com/y2a6NT9fhv
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) September 21, 2026
El 8 de septiembre pasado, la Contraloría adoptó acciones similares contra el exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, socio de Rojas Pardini.
De hecho, los dos exministros enfrentan varios procesos judiciales y, como consecuencia, tienen millonarios bienes aprehendidos por lo menos desde 2024.
La Prensa documentó por lo menos tres causas en las que Sabonge y Rojas Pardini aparecen demandados.
Hay uno promovido por Multibank Inc. El 9 de octubre de 2024, la juez civil Mahiba Dixon de Coteau ordenó el embargo de 46 propiedades en un residencial en Chame, por una concurrencia de hasta $9.7 millones. Las propiedades están a nombre de Casacampo Investment Corp., menos una, propiedad de Desarrollo Convivienda, S.A. Ambas sociedades tienen actualmente estatus de “suspendidas”.
El 8 de junio pasado, el juez Antonio Guerrero ordenó leantar el secuestro que pesaba sobre dos de las 46 fincas.
Sabonge y Rojas Pardini enfrentan otro proceso de ejecución hipotecaria que presentó el Mercantil Banco, S.A. (antes Capital Bank). El banco también demandó a Riverwalk Development Corp., una sociedad (suspendida) en la que Sabonge y Rojas Pardini eran presidente y secretario, respectivamente, pero renunciaron el 31 de mayo de 2019, un mes antes de tomar posesión como ministros de Cortizo. Como apoderados dejaron a sus hermanos: María Paola Rojas Pardini Santacoloma y Marcus Enrique Sabonge Vilar. Eventualmente, ellos también renunciaron.
Como parte de la demanda promovida por Mercantil Banco, el juez tercero de circuito de insolvencia, Hilario González Ariza, ordenó a los dos exministros y a Riverwalk Development pagar $3.2 millones al banco; también decretó el embargo y subasta de 14 inmuebles. El producto de la venta será entregado al acreedor.
Los procesos en curso contra Sabonge y Rojas Pardini
Proceso ejecutivo hipotecario promovido por Multibank Inc.
Proceso de ejecución hipotecaria presentado por Mercantil Banco, S.A. (antes Capital Bank).
Demanda presentada por Financial Warehousing of Latin America, Inc. (F.W.L.A.).
Querella penal por presunta estafa agravada y otros delitos contra Rodolfo Sabonge, Marcus Sabonge y María Paola Rojas Pardini.
Sabonge y Rojas Pardini también fueron demandados por la sociedad Financial Warehousing of Latin America, Inc. (F.W.L.A.), que preside Ricardo Roux. Esta demanda también alcanza a Controltec, S.A., una sociedad inscrita en diciembre de 2005 por Sabonge y su hermano Marcus. Sabonge la presidió hasta abril de 2019.
Sabonge también debe hacer frente a una querella penal por presunta estafa agravada, que presentó una pareja que adquirió una vivienda en el residencial de Casa e’ Campo en Chame. La querella fue admitida el 7 de mayo pasado y también va dirigida contra Marcus Sabonge y María Paola Rojas Pardini.
En el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), Rojas Pardini -además de ministro consejero- fue el representante del Estado panameño en la junta directiva de Panama Ports Company (PPC), que hasta febrero pasado operó los puertos de Balboa y de Cristóbal. Paralelamente, fue parte de la junta directiva a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y, en 2023, participó en la sesión en la que se autorizó la prórroga automática del contrato de concesión a favor de PPC.
El contrato de concesión entre el Estado y PPC fue posteriormente declarado inconstitucional.
