A pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica accedió a la extradición de David Ochy, investigado por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business, su presentación ante los tribunales panameños podría tardar más de lo previsto.
Esto se debe a la explicación proporcionada por el Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que indicó que la extradición de Ochy se concedió de manera diferida, lo que significa que solo se hará efectiva una vez concluya un proceso penal que enfrenta en Costa Rica.
El 13 de diciembre del 2023, la Cancillería panameña formalizó la solicitud de extradición ante las autoridades costarricenses; sin embargo, un año después, esa petición aún no se ha concretado.
Ochy fue detenido en Costa Rica en mayo de 2023 por supuestas actividades de blanqueo de capitales. Posteriormente, Panamá solicitó su extradición, ya que era requerido por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el proceso del caso New Business.
No obstante, sus abogados han presentado en Panamá y Costa Rica recursos de habeas corpus argumentando que la orden de arresto emitida por la jueza Baloisa Marquínez carece de validez, ya que esta perdió competencia sobre el caso tras la elección de Ochy como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Cabe recordar que el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, que estaba a cargo de Marquínez, fue cerrado como parte de la transición al sistema penal acusatorio. Actualmente, el caso está bajo la jurisdicción de la jueza Primera Liquidadora de Causas Penales, Águeda Rentería.
Roberto Moreno, abogado de Ochy, sostuvo que únicamente la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer el proceso relacionado con el caso New Business. Por ello, según su criterio, la orden de arresto contra su cliente debería ser anulada.
Moreno explicó que el habeas corpus fue presentado en septiembre pasado, pero la Corte Suprema de Justicia de Panamá aún no se ha pronunciado al respecto.
A su juicio, ahora corresponde a la Corte designar un magistrado juez de garantías y un magistrado fiscal para adelantar el proceso contra su cliente.
El 19 de agosto pasado, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó una decisión de la jueza Águeda Rentería que negó la petición de la defensa de David Ochy para que se le reconociera su condición de miembro del Parlacen y se dejara sin efecto la alerta roja emitida por Interpol para su detención.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada señala que Ochy, a través de su empresa Transcaribe Trading (TCT), habría recibido un adelanto por el ensanche y construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera. Dicho adelanto habría sido transferido a la cuenta canasta de New Business para la compra de Editora Panamá América (Epasa).
David Ochy no fue enjuiciado junto con el resto de los procesados por el caso New Business, ya que del 23 de mayo al 2 de junio de 2023, durante el desarrollo del juicio, gozaba de fuero penal electoral como precandidato presidencial en las primarias del partido Realizando Metas (RM), celebradas el 5 de junio.
El 30 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo Electoral suspendió el fuero penal de Ochy, aplicable a todas las causas en su contra. Sin embargo, esta decisión se emitió después del inicio del juicio del caso New Business, lo que llevó al juzgado a dictar una ruptura procesal, permitiendo que Ochy sea enjuiciado en una fecha posterior.
Por este caso, el expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión. Daniel Ochy recibió una pena de 96 meses, Yaneth Vásquez 60 meses, Iván Arturo Arrocha 70 meses y Valentín Martínez Vásquez 80 meses; este último presentó un recurso de revisión contra su condena.
Además, fueron condenados a seis años de prisión Gonzalo Germán Gómez y los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares.