Una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley No.5 de 16 de enero de 1997 por la cual se aprueba un contrato entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC) fue presentada en la mañana de este lunes 3 de febrero.
La demanda fuen interpuesta a título personal por los abogados Julio Macias y Norman Castro, quienes alegan que el citado contrato viola varias artículos de la Constitución.
Según el recurso, el contrato suscrito entre el Estado y PPC contiene los mismos vicios legales que el contrato suscrito con Minera Panamá y que fue declarado inconstitucional por la Corte.
El abogado Julio Macias alegó que el contrato de PPC otorgó casi de manera gratuita la ocupación de tierras sin que existiera una consulta previa a la sociedad panameña.
La demanda plantea que el contrato suscrito entre PPC y el Estado violó los artículos 1 y 2 de la Constitución, ya que dispone que el Estado debe consultar y requerir aprobación previa a la empresa para otorgar cualquier concesión futura sobre terrenos del Estado.
En ese sentido sostiene que lo anterior atenta contra la soberanía que ejerce el Estado panameño sobre todo su territorio, el cual, sólo puede estar sujeto a su gobierno y no debe requerir consentimiento ni aprobación previa de ninguna entidad privada para disponer de los bienes de su propiedad.
Es decir que el citado contrato permite una especie de “gobierno paralelo” sobre el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de aquellas áreas de tierra, facilidades e instalaciones ubicadas en Diablo y Isla Telfers, identificadas en el contrato como “la extensión futura”, ya que limita la soberanía que debe ejercer el Estado sobre dichas áreas.
La demanda también sostiene que el citado contrato violó el artículo 19 de la Constitución en el que se establece que no habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas, ya que a Panamá Ports se le asignan una serie de privilegios o concesiones, entre las que se encuentran exoneraciónes de todo impuesto, contribución, tasa o derecho de importación sobre todos los equipos y de todo impuesto de dividendos provenientes de las actividades contempladas en el contrato, entre otros.
El el documento se alega que en este aspecto se exonera a Panamá Ports y sus subsidiarias, afiliadas, cesionarias y subcontratistas, del pago de todo tipo de impuesto y contribución a favor del Estado, lo que en efecto, crea fueros y privilegios a esta empresa y sus afiliadas, en perjuicio de cualquier persona natural o jurídica, panameña o extranjera con obligación de pagar impuestos, tasas y contribuciones al Estado panameño.
A su vez la demanda estima que se violó el artículo 163 de la Carta Magna en el que se establece que le está prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.
El pasado 2 de enero el contralor Anel Bolo Flores anunció la realización de una auditoría forense a PPC, el ejercicio pretende evaluar la correcta administración de los recursos y verificar el cumplimiento de los términos de la concesión, un contrato que ha sido cuestionado por falta de claridad en los beneficios que genera al Estado.
Estos hechos se dan el marco de las acusaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos en las que sostiene que empresa de origen chino como lo es PPC mantienen un control sobre asctividades portuarias relacionadas con el Canal de Panamá.