Judiciales

Panamá está entre los países con más criminalidad organizada, según estudio

En el país han aumentado los ciberdelitos, los fraudes bancarios, las estafas, el lavado de dinero, el contrabando de armas y la trata de personas y drogas, revela índice sobre criminalidad.

Edgardo Sandoval Ramsey, representante para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, participó del foro 'políticas públicas y estructuras financieras del crimen organizado'. LP/Elysée Fernández

Panamá se destaca como uno de los países de la región con un alto índice de estructuras relacionadas con el crimen organizado y grupos mafiosos, lo que genera un impacto negativo en la sociedad.

Así lo manifestó Edgardo Sandoval, representante para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, durante un foro celebrado este martes, organizado por la Fundación Espacio Cívico y auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

Sandoval explicó que el índice es producto de una medición realizada por expertos a nivel mundial, basada en datos relacionados con la criminalidad organizada en diferentes países.

En el caso de Panamá, detalló que han aumentado los ciberdelitos, los fraudes bancarios, las estafas, el lavado de dinero, el contrabando de armas y la trata de personas y drogas.

El país registra un índice de criminalidad de 6.98, calificación considerada alta. Según Sandoval, esto podría explicarse por la posición de Panamá como un corredor clave para el tránsito de mercancías y personas hacia diversos destinos.

La mafia

En cuanto al tráfico de drogas, Panamá también obtuvo una calificación elevada de 6.30. En este ámbito, se identificaron actores criminales que incluyen grupos mafiosos y sectores ligados al sector privado.

Entre las estructuras delictivas reconocidas en Panamá destacan pandillas como Calor Calor, Bagdad y otras organizaciones que operan en actividades como la contaminación de contenedores con drogas.

El informe también señala una alta participación de actores del sector privado, quienes controlan segmentos de la economía formal en coordinación o bajo coacción de grupos criminales.

Las actividades delictivas con mayor crecimiento incluyen la trata y el tráfico de personas, así como la venta de drogas, especialmente cocaína.

ÁBREGO El ministro de seguridad Frank Ábrego, también estuvo presente en el foro. LP Elysée Fernández

Sandoval advirtió que a nivel regional también se registra un aumento en la producción de drogas sintéticas, fenómeno al que las autoridades panameñas deberían prestar especial atención.

En el ámbito de la resiliencia, Panamá obtuvo una calificación de 4.67, considerada baja en comparación con otros países de la región.

Invertir en tecnología

El índice refleja debilidades en la judicialización del crimen organizado y en la lucha contra el lavado de dinero. En este último aspecto, el informe recomienda invertir en capacitación del personal y en tecnología avanzada.

Sandoval subrayó la importancia de que Panamá realice mayores inversiones en la recopilación de datos precisos sobre delitos, implemente estrategias para su control y evalúe su efectividad.

Leah de Boersner, viciepresidenta de la Fundación Espacio Cívico.

Asimismo, propuso establecer normas éticas para los funcionarios e incentivar la participación activa del sector privado en la solución de problemas relacionados con la criminalidad.

Otro participante del foro fue Nelson Mena, consultor de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ministro de seguridad, Frank Abrego, aseguró que el gobierno trabaja en el fortalecimiento de estrategias para combatir el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la criminalidad organizada.

Dijo que hace poco días en el Darién se detuvo a grupo de pakistaníes que eran transportados por grupos delincuenciales que operan en el sector fronterizo con Colombia.

Por su parte, Olga de Obaldía, representante de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, destacó que en Panamá existe una producción limitada de datos públicos, ya que la mayoría de la información generada por el Estado es de carácter restringido.

En tanto, Leah de Boersner, vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico, aseguró que la parte judicial requiere de un mayor fortalecimiento para lograr una mayor resiliencia por parte de la sociedad panameña ante la criminalidad organizada.

Consideró necesario crear más espacios de discusión para abordar temas de seguridad y la obtención de datos concretos de la efectividad de las acciones de los organismos dedicados a combatir la criminalidad.