El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la expropiación “extraordinaria” de 41 fincas ubicadas en isla Margarita, en la provincia de Colón, en la entrada atlántica del Canal de Panamá.
Las fincas están a nombre de Panamá Colón Container Port Inc. (PCCP), sociedad que tenía una concesión de fondo de mar para desarrollar un puerto y un patio de contenedores.
Las fincas habían sido embargadas por un antiguo socio de PCCP, en medio de un litigio por la titularidad del proyecto. En abril pasado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había rescindido la concesión de fondo de mar por incumplimiento en el cronograma del proyecto, entre otras anomalías.
La orden de expropiar las tierras fue adoptada a través del Decreto Ejecutivo 90 del 20 de octubre de 2025, ya promulgado en la Gaceta Oficial, firmado por Mulino, con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
Mulino alega “motivos de interés social urgente” para justificar la medida, cuyo objetivo es permitir al Estado panameño iniciar la construcción de una nueva facilidad portuaria en el lugar. En varias ocasiones, Mulino ha expresado su inconformidad por el manejo de la concesión, que ha estado paralizada en los últimos años, de manera intermitente.
A través de este acto, se dispone que las 41 fincas inscritas en la sección de Propiedad del Registro Público de Panamá, pertenecientes a PCCP, sean transferidas a nombre de la Nación.
El documento revisa la historia de estos terrenos, que anteriormente formaron parte de las bases militares de Estados Unidos en la antigua Zona del Canal, destacando su posterior traspaso a jurisdicción panameña.
Adjuntos
Gaceta.pdfPCCP obtuvo la concesión de fondo de mar a través del contrato A-2017-12, firmado el 17 de mayo de 2013, para “desarrollar, operar, administrar y dirigir una terminal para el manejo y transporte de contenedores y carga general”. En el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), estuvo a punto de perder la concesión, luego de que la Contraloría certificara incumplimientos, atrasos en el cronograma y el vencimiento de las fianzas. Tampoco pagaba los cánones a la AMP —que generó una morosidad de $1,012,919.17—.
Aunque PCCP alegó en su momento “fuerza mayor” para justificar el incumplimiento de sus obligaciones de inversión (que incluían un capital mínimo de cien millones de dólares) y solicitó una reprogramación del cronograma, el Estado panameño resolvió declarar terminado el contrato A-2017-12. La AMP había intentado previamente resolver la situación mediante resoluciones y modificaciones contractuales.
El Decreto Ejecutivo No. 90 se ampara en los artículos 48 y 51 de la Constitución Política de la República de Panamá, que facultan al Órgano Ejecutivo para decretar la expropiación o ocupación de la propiedad privada por motivos de interés social, mediante el pago de la debida indemnización.
El documento establece los pasos para formalizar el proceso de expropiación:
La Dirección General del Registro Público deberá realizar las anotaciones pertinentes y cancelar cualquier gravamen o limitación de dominio sobre los bienes.
Se autoriza al Ministerio Público a promover el proceso correspondiente ante el Órgano Judicial, a fin de determinar el monto de la indemnización.
Se faculta al Ministerio de Seguridad Pública para garantizar la ocupación de las fincas por parte del Estado.
El decreto cuenta con la firma del presidente de la República, José Raúl Mulino, y del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
Mulino ha expresado en varias ocasiones su intención de recuperar la concesión, refiriéndose al proyecto de PCCP como una “chimba”. Como se ha informado, la AMP rescindió los contratos debido a incumplimientos en el cronograma de ejecución, morosidad y fianzas vencidas.
Cabe mencionar que PCCP ha presentado cuatro amparos de garantías constitucionales para impedir que la AMP suspenda sus contratos de concesión.
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