La juez de garantías Sandra Castillo ordenó este viernes 21 de noviembre, la detención provisional de 39 personas imputadas por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas y tráfico internacional de drogas, tras las operaciones Eros y Colibrí, en las que se utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar cargamentos de droga hacia Europa.
La decisión se tomó este viernes durante una audiencia que inició a las 9:30 a.m. y concluyó a la 1:15 p.m..
En su sustentación, la juez Castillo destacó que los delitos atribuidos a los procesados son de “alta gravedad” y que la Fiscalía presentó indicios claros y suficientes que los vinculan con la estructura dedicada al envío de sustancias ilícitas al extranjero.

Castillo sostuvo que la detención provisional es la medida más adecuada y proporcional en este caso, debido al riesgo de fuga, la posibilidad de que los investigados destruyan evidencia o influyan en el desarrollo del proceso penal.
La juez detalló que se acreditó la existencia de una actividad ilícita, luego que varios de los investigados aceptaron acuerdos de pena por varios años de prisión.
También recalcó que la detención preventiva obedece a la gravedad del delito y el daño que pueden ocasionar a la sociedad.
Antes de esta decisión, 21 imputados habían alcanzado acuerdos de pena con la Fiscalía, los cuales fueron validados por la propia juez durante la jornada. Estos aceptaron penas de 180, 100,80, 72, y 64 meses de prisión.
Al final de la audiencia la juez Castillo concedió un espacio de tiempo a los detenidos para hablar con sus familiares antes de ser puestos a órdenes del Sistema Penitenciario.
Las audiencias se iniciaron el pasado 13 de noviembre, con la legalización de la aprehensión de los 60 aprehendidos, imputación de cargos.
Cómo operaba la red
En su alegato el fiscal de drogas Julio Campines hizo una detallada presentación de las operaciones de la red criminal en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Campines explicó al tribunal que la red mantenía al menos cuatro grupos operativos que desarrollaban diversas tareas para la movilización.
El primer grupo era el encargado de transportar la droga que llegaba por mar desde Colombia. En ocasiones los estupefacientes llegaban a las costas de Darién, Chepo y Juan Díaz en la provincia de Panamá; Chame en la provincia de Panamá Oeste y Juan Hombrón en Antón, provincia de Panamá.
La red también contaba con un segundo grupo de operadores de camiones que combustibles y autos con doble fondo que eran los encargados de transportar la droga a centros de acopio en Pedregal y San Miguelito.

Un tercer grupo estaba compuesto por empleados del Aeropuerto de Tocumen y colaboradores de empresas le daban servicio encargos de llevar la droga hasta la terminal aérea.
Otro se encargaba de introducir la droga en maletas, retirar las etiquetas de las valijas con destino a Europa y colocárselas las que esta “preñadas” con la droga.
La investigación, iniciada en 2023, reveló el funcionamiento de una red que utilizaba el Aeropuerto de Tocumen para movilizar droga desde Colombia hacia otros destinos.
La red reclutaba colaboradores que prestaban servicios en Tocumen para ingresar la droga en sus vehículos y trasladarla a zonas internas del aeropuerto. Otro grupo, integrado por empleados encargados de áreas verdes, desenterraba la droga en zonas cercanas a la cerca perimetral y la movía hasta las bodegas, donde avanzaba en la cadena logística.
El fiscal Campines dijo tener vídeos suministrados por el Aeropuerto de Tocumen y la línea aérea Copa S.A. en donde se observa a varios de los imputados manipulando las maletas para introducir la droga en las maleta, subirlas a los aviones para sacarla del país.
Durante la investigación la fiscalía realizó más de 600 interceptaciones telefónicas, vigilancias, seguimientos y 24 eventos en los que se decomisaron unos 3,700 kilos de drogas.
Campines estimó que estas una de las operaciones antidrogas más importantes realizadas en los últimos años, ya que se desmanteló un estructura criminal que operó durante varios años.

