Era un plan bien elaborado: desde la compra de la bitácora para conocer la ruta de los aviones, su matrícula, los aeropuertos en los que haría escala y la hora de llegada a su destino. Así monitoreaba la red desmantelada en las operaciones Eros y Colibrí los aviones en los que introducían hasta 25 kilos de cocaína por maleta.
La foto de cada manifiesto de vuelo podía valer hasta $400, ya que era considerada información de alto rango para los miembros de la red criminal.
Incluso los integrantes de la organización tomaban fotos de los aviones al despegar, registrando la hora de salida y llegada a su destino, así como la carga que cada maleta “preñada” llevaba.
También colocaban calcomanías en las maletas para identificarlas: un trébol si el destino era Canadá o una “F” para Francia.
Los encargados de introducir la droga sabían que no podían sobrepasar los 25 kilos por maleta, pues ello podía alertar a las autoridades y provocar su revisión.
La fiscalía determinó que la droga, en ocasiones, era introducida por la cerca perimetral del Aeropuerto de Tocumen y custodiada hasta el interior de la terminal aérea.
La red sincronizaba los turnos rotativos de sus miembros para facilitar la introducción de los estupefacientes en momentos en que se encontraban dentro del aeropuerto.
Una alerta en el Aeropuerto de Barajas, España, en 2023 —tras la aparición de una maleta con droga que no tenía dueño, pero sí registro de embarque en Panamá— obligó a revisar las cámaras internas. Así comenzó el proceso de documentación y vigilancia de funcionarios y colaboradores en Tocumen.
El fiscal Campines reveló que desde el 4 de enero de 2023 las autoridades han decomisado un total de 3,700 kilos de droga a esta red criminal, que llegó en su totalidad desde Colombia por vía marítima.
Los 24 eventos investigados dan cuenta de que esta organización tenía una alta movilidad: introducían droga por Darién, Chepo (Panamá Este), el Archipiélago de Las Perlas, Chame (Panamá Oeste) y Antón (Coclé).
Durante la audiencia de este martes, iniciada a las 9:30 a. m., correspondió a los abogados defensores presentar aclaraciones y objeciones a la petición de imputación del fiscal Campines para los 60 investigados.
Algunos defensores denunciaron posibles vicios de nulidad, alegando que varias diligencias se realizaron sin la presencia de un abogado. Tal es el caso del abogado Reinaldo Milwood, quien afirmó que se han dado violaciones al debido proceso.
La defensora pública María González señaló que la fiscalía introdujo elementos de otras investigaciones ya concluidas e incluso con sentencia en firme. También cuestionó que algunas transcripciones telefónicas realizadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) no se apegan al contenido real de las interceptaciones y son interpretaciones de los agentes.
En tanto, a Christopher Cedalise, hijo del magistrado Cecilio Cedalise, también investigado en este proceso, se le concedió una medida de depósito domiciliario, tras imputársele cargos en una audiencia separada. Cedalise debe realizarse diálisis tres veces por semana, por lo que se le otorgó este beneficio.
La audiencia de Cedalise, de 38 años, se realizó ayer en la sala 20 del Primer Distrito Judicial, en Plaza Ágora. La investigación señala que él presuntamente indicaba los puntos donde debía desembarcarse la droga.
El fiscal Campines identificó a Edie Gálvez como uno de los cabecillas del grupo, encargado de coordinar reuniones, delegar funciones y asignar tareas.
La fiscalía vincula a Gálvez con el decomiso de 12 planchas de droga en febrero de 2023 —transportadas desde Colombia hasta Mañanitas— y con el decomiso de 102 paquetes en enero de 2023, trasladados en una embarcación hasta Darién.
La jueza de garantías Sandra Castillo deberá valorar los argumentos presentados por la fiscalía y determinar si acoge la imputación de cargos solicitada para los 60 investigados, y seguidamente definir las medidas cautelares aplicables.
