La fiscal Cristina D. Cedeño G. reiteró que los hechos denunciados por la abogada Odila Helga Castillo Bonilla en su querella contra el subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, “no constituyen delito para formular una imputación de cargos o sostener una acusación penal”.
De ese modo, la fiscal Cedeño —de la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal— mantuvo el archivo provisional de la querella penal que presentó Castillo —que alguna vez fue asesora de la Contraloría—, luego de que Rodríguez informara sobre los vínculos de la abogada con el hoy excontralor Gerardo Solís, su relación con contratistas del Estado y el impresionante incremento de su patrimonio.
La querella había sido archivada el 31 de octubre de 2025, pero posteriormente, el 6 de febrero pasado, un juez de garantías ordenó su reapertura ante una petición de la querellante, para ampliar las diligencias y la práctica de pruebas.
Entre los nuevos “elementos” aportados está un informe pericial de la Unidad de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), que señala que, luego de evaluar a Odila Castillo, “no se identifican secuelas emocionales ni daño psíquico derivado del hecho que se investiga”.
En el informe del Imelcf también se apuntó que el estado mental de la evaluada no se encuentra afectado al momento de la evaluación psicológica forense; “sin embargo, sí mantuvo una afectación emocional por la que requirió tratamiento psiquiátrico y fue lo que la ayudó a mitigar los síntomas”. No obstante, se recalca que “la evaluada no mantiene afectación en su salud mental actualmente”.
“No existe daño psíquico producto de los hechos”, remarca el informe.
Por esa razón, luego de atender el mandato del juez, la fiscal Cedeño reiteró su decisión de archivar la querella, dado que no reúne los elementos suficientes para configurar los delitos que se le endilgan al periodista: lesiones psicológicas en la modalidad de violencia de género, calumnia o injuria. Por lo tanto, en el caso que se investiga, esos delitos son inexistentes.
“Por consiguiente, al no constituir los hechos investigados un delito penal y ante la inviabilidad de vincular al querellado a una conducta delictiva, este despacho reitera formalmente su criterio fiscal y considera procedente aplicar el archivo de la investigación”, señala la fiscal Cedeño en un escrito emitido el 18 de agosto pasado, en el que —por segunda ocasión— ordenó el archivo provisional de la causa.
Esta no es la única acción de Castillo contra Rodríguez.
En total, presentó cinco querellas. Las cinco se tramitan de forma separada, pese a que la defensa solicitó la acumulación de las carpetas, dado que todas las publicaciones forman parte de la misma investigación periodística. No obstante, la contraparte insistió en que cada nota representaba un hecho independiente. Por esa razón, se observan decisiones contradictorias: dos querellas ya estaban archivadas —con el aval del juez de garantías Roberto Agustín Cedeño De La Rosa— y otras dos no.
Castillo fue asesora del excontralor Gerardo Solís (2020-2025) y alegó ser objeto de una campaña de desprestigio, que su firma había perdido clientes, que sus ingresos disminuyeron y que sufría de insomnio, acoso y ansiedad, todo debido a una serie de publicaciones de Rodríguez en las que se exponía su incremento patrimonial, sus vínculos con funcionarios de la Contraloría y su relación con varios contratistas del Estado, para quienes negoció millonarias adendas en sus contratos, invocando el principio de equilibrio contractual.
La exfuncionaria se querelló contra Rodríguez, específicamente por la publicación de las notas tituladas La fascinante historia de la exfuncionaria millonaria (publicada el 24 de septiembre de 2024), Castillo, un despegue meteórico desde el servicio público (publicada en prensa.com con el título Odila Castillo, historia de convenientes fidelidades y de lucrativos negocios, el 30 de septiembre de 2024), El secreto de Odila Castillo: su lista de clientes fue revelada (el 31 de octubre de 2024), FBI alertó de posible caso de corrupción ligado a Odila Castillo (el 13 de noviembre de 2024) y Odila Castillo era funcionaria de la Contraloría mientras su bufete solicitaba los equilibrios para sus clientes (el 19 de noviembre de 2024).
