Aquellos que quieran opinar sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentó el expresidente Ricardo Martinelli para anular su condena por blanqueo en el caso New Business, tendrán hasta 10 días hábiles para hacerlo.
Pero ese plazo todavía no empieza a correr. Aunque el edicto de convocatoria fue divulgado este jueves 21 de noviembre en el mural de la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), todavía debe salir publicado en tres periódicos de circulación nacional. En cuanto concluya eso, se empezarán a recibir la opiniones, que deberán ser presentadas personalmente en la secretaría general.
El ponente de la demanda es el magistrado Olmedo Arrocha, quien ya recibió la opinión escrita del procurador de la Administración, Rigoberto González, sobre el tema. González advirtió a Arrocha que la acción de Martinelli es “no viable”.
La demanda fue presentada por la abogada Nadia Castillo, en representación del expresidente, en la que pide declarar la nulidad de la orden de indagatoria y la condena de Martinelli a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business, usada para la compra de las acciones de Editora Panamá América (Epasa).
Castillo alega que Martinelli no podía ser procesado por este caso, ya que estaba protegido por el principio de especialidad contenido en el tratado de extradición suscrito en 1904 por Panamá y Estados Unidos.
El referido principio implica que un extraditado no puede ser procesado por una causa distinta a los que motivó su entrega, salvo autorización del país que concedió la extradición.
Como se recordará, Martinelli fue extraditado en 2018 para ser enjuiciado por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, entre los años 2012 y 2014. El expresidente ha invocado ese principio para evitar ser indagado en los casos New Business y Odebrecht, también sobre blanqueo. Por este último caso será enjuiciado en enero próximo.
El Departamento de Estado estadounidense ha dicho en varias ocasiones que Panamá es libre de enjuiciar a Martinelli sin pedir autorización, dado que al exmandatario ya no le aplica el principio de especialidad.
Una vez reciba y revise las opiniones de los interesados, el magistrado Arrocha deberá elaborar un proyecto de fallo, que deberá circular entre los restantes ocho miembros del Pleno de la Corte.
En la CSJ existen otras tres demandas de inconstitucionalidad presentadas por miembros del equipo de abogados de Martinelli, todas relacionadas con el principio de especialidad.
Las ponentes de cada una de esas tres demandas son las magistradas María Eugenia López Arias, Ariadne García y Ángela Russo.
El procurador González opinó que el principio de especialidad fue ampliamente debatido y decidido durante el proceso judicial seguido a Martinelli y que el proceso de inconstitucionalidad no es una instancia para revisar pruebas de un proceso judicial.