El Ministerio Público (MP) imputó cargos a 16 personas en ocho investigaciones relacionadas con los delitos de estafa y fraude en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) a través de la creación de perfiles falsos y el cambio de número PIN de beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa- Universal (PASE-U).
Fuentes revelaron que en la actualidad hay dos investigaciones en curso relacionadas con el cobro irregular del PASE-U, en las que terceras personas cobraban los beneficios de los estudiantes modificando el número de identificación personal (conocido como PIN, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con las investigaciones del MP, las irregularidades detectadas ocasionaron una lesión patrimonial en perjuicio del Ifarhu de unos $100,000, dejando a cientos de estudiantes sin el cobro de estos beneficios.
El pasado 24 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción logró condenas de 48 y 60 meses de prisión para cinco personas por los delitos de estafa y otros fraudes relacionados con el cobro del PASE-U.
En la investigación, la fiscalía determinó la existencia de un patrón para vulnerar la seguridad del PIN y sustraer los fondos destinados a los beneficiarios del programa.
A los sancionados también se les ordenó el pago de $129,000 como compensación al Estado panameño, suma que debe ser depositada en la cuenta del Tesoro Nacional.
En una de las investigaciones adelantadas por la fiscalía, se detectó que una funcionaria del Ifarhu realizó siete cambios de número PIN en las cuentas de beneficiarios del PASE-U.
También se comprobó que, luego de las modificaciones, las cuentas fueron utilizadas para realizar compras en diversos comercios de la localidad.
En marzo de 2024, un error en el sistema del PASE-U provocó un doble pago del beneficio, lo que permitió que estudiantes que no debían recibir el dinero lo cobraran.
La Fiscalía Anticorrupción también mantiene en trámite investigaciones por actos de corrupción y el uso irregular de fondos del Ifarhu en la entrega de auxilios económicos.
La fiscalía ha analizado unos 1,500 expedientes relacionados con los auxilios económicos y los criterios utilizados para otorgar estas ayudas por parte del Ifarhu.
Las investigaciones han alcanzado al exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, quien el 12 de diciembre de 2024 debía comparecer a una audiencia de imputación. Sin embargo, la diligencia fue suspendida tras la presentación de un amparo de garantías constitucionales.
El amparo del MP es contra la decisión adoptada por la jueza de garantías Lizeth Quintero en una audiencia de afectación de derechos realizada el 4 de diciembre de 2024, la cual fue solicitada por la defensa de Meneses, que alegó una supuesta violación a sus derechos fundamentales por afectación patrimonial.
En los últimos 10 años, el Ifarhu ha distribuido $421.4 millones en auxilios económicos y otros programas educativos durante las administraciones de los presidentes Juan Carlos Varela (2014-2019) y Laurentino Cortizo (2019-2024).
Muchos de estos auxilios fueron otorgados a funcionarios, familiares de ministros, diputados, diplomáticos, proveedores del Estado y miembros del Partido Revolucionario Democrático. También se detectaron beneficiarios sin necesidades económicas aparentes.
