La magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia María Eugenia López refutó los argumentos del director de Contrataciones Públicas, Javier Raúl Marquínez Dejud, para desestimar una petición de alquilar un vehículo blindado para su protección, luego que una ventana de sus despacho sufrió un impacto de bala el pasado 31 de enero y pidió reconsiderar esa decisión.
En una nota enviada a Marquínez Dejud, con fecha de ayer miércoles 23 de abril, la magistrada sostiene que los argumentos usados por la Dirección de Panamá Compras para devolver al Órgano Judicial (OJ) la contratación de auto blindado carecen de sustento, ya que la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) realizó juicios de valor anticipados antes que venciera el plazo para subsanar las observaciones hechas al OJ.
López sostiene que el OJ tenía hasta el 16 de abril pasado para subsanar las observaciones, pero que un día antes la DGSP había contactado a la empresa Defcon-One-Security para obtener una cotización del mismo servicio, lo que podía interpretarse como un juicio anticipado.
También detalla que la nota a través de la cual la DGCP devolvió al OJ la solicitud de alquiler del auto para que fuera subsanada, fue publicada en el diario El Panamá América antes que fuera colgada en el portal de Panamá Compras, por lo que consideró necesaria una explicación.
López sostiene que la naturaleza del ataque, luego que una bala impactó una de las ventanas de su despacho, evidenció un riesgo latente que justificaba la adopción inmediata de mecanismos de protección adicionales, dentro de los cuales estaba la contratación excepcional del servicio de alquiler de un auto blindado y que llevar a cabo un acto de selección de contratista implicaba demasiado tiempo para la formalización del contrato.
También denunció que la DGCP canceló anticipadamente el procedimiento excepcional de contratación, sin permitirle a la OJ publicar su criterio en cuanto a las observaciones hechas, desconociendo los artículos 156 y 12 de la ley que regula las contrataciones públicas.
Otras de las anomalías encontradas por la magistrada López, en cuando la gestión de la DGCP, está el hecho que las solicitudes de cotizaciones realizadas a otras empresas para la contratación del servicio alquiler de un vehículo blindado, como la hecha a Cap Rent S.A. se refieren a una cotización corporativa, es decir que involucra varios autos y situación muy diferente a lo solicitado por el OJ.
A raíz del atentado contra la magistrada López el OJ gestionó la contratación de auto blnidado tipo Cadillac Escalade a un costo de $70,620.
Entre las especificaciones técnicas, el vehículo debía poseer un nivel III de blindaje, capaz de soportar impactos de bala de una Magnum .44, así como de una Magnum .357, 9 milímetros y calibre .38. También cuenta con aislamiento acústico y térmico.
Sin embargo, la DGCP concluyó que el proceso impulsado por el OJ no justificaba adecuadamente la aplicación del procedimiento excepcional, regulado por el artículo 79 de la Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, que solo puede aplicarse cuando no existen sustitutos adecuados o hay un único oferente en el mercado.
Además se advirtió que otras empresas podían proporcionar vehículos blindados con las mismas características a precios más bajos, lo que contradecía la sustentación del OJ sobre que no existen sustitutos adecuados.
La investigación por el disparo contra el despacho de la magistrada López aún se mantiene abierta en el Ministerio Público, en la que se han presentado múltiples diligencias por parte de la fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
