La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, solicitó la colaboración de la Red Internacional Jurídica, con sede en Brasil, para obtener asistencia judicial en relación con el caso Odebrecht, cuya falta de respuesta ha ocasionado la suspensión del juicio a 26 imputados, reprogramado para el próximo 11 de noviembre.
López realizó la petición durante una reunión sostenida el pasado lunes en el Palacio de Justicia Gil Ponce con miembros de la Red Internacional Jurídica, quienes compartieron conocimientos sobre buenas prácticas y aspectos técnicos relacionados con la administración de justicia.
Durante la conversación, la magistrada informó a los miembros de la red sobre las solicitudes de asistencia judicial dentro del proceso Odebrecht, las cuales aún no han sido atendidas.
López explicó que esta situación ha obligado a suspender el juicio en cuatro ocasiones, la más reciente el pasado 20 de enero, debido a la falta de respuesta de Brasil a la asistencia judicial solicitada.
“Creemos oportuno que sean ustedes portadores de esta situación ante sus autoridades judiciales, como un resultado tangible de su visita a la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá”, expresó López durante la reunión.
También destacó que “el compromiso de este órgano del Estado y de todos los actores relevantes del sistema judicial es velar por el respeto a los derechos humanos, garantizando el debido proceso y los derechos de las personas naturales y jurídicas que acuden a las distintas jurisdicciones en busca de justicia con eficiencia, independencia, equidad y transparencia”.
El juicio del caso Odebrecht debía iniciar el pasado lunes 20 de enero, pero fue pospuesto para el próximo 11 de noviembre tras una solicitud presentada por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, el querellante Carlos Antúnez y cuatro abogados defensores.
La asistencia judicial solicitada a Brasil consiste en la localización y toma de declaración, durante el juicio, de ocho testigos que colaboraron con el Ministerio Público, pero que aún no han podido ser interrogados por la defensa.
La jueza Baloisa Marquínez decidió posponer el juicio hasta noviembre, considerando necesario reformular las solicitudes de asistencia judicial a Brasil, traducir las que sean pertinentes (dado que el idioma oficial de Brasil es el portugués) y notificar nuevamente a los testigos que se encuentran fuera del país.
El Ministerio Público envió la vista fiscal al juzgado el 9 de abril de 2021, solicitando el enjuiciamiento de 50 personas. Posteriormente, el 7 de noviembre de 2022, la jueza Marquínez emitió un auto de llamamiento a juicio para 35 imputados. En la audiencia programada para este lunes debían comparecer 26, ya que el resto estaba prófugo o había sido juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que hizo que la jueza perdiera competencia para juzgarlos.