Cinco años después del inicio de la investigación más importante del país por presunta corrupción, la justicia panameña intentará celebrar la audiencia preliminar del caso Odebrecht, diligencia en la que el Ministerio Público sustentará su teoría para llamar a juicio a 50 personas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, entre ellos dos expresidentes de la República y cinco exministros.
La audiencia está prevista para iniciarse a las 9:00 a.m., en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación, ubicado en el palacio de justicia Gil Ponce. Pero, abogados defensores de los procesados vaticinan que el proceso se podría suspender porque supuestamente no se cumplieron varios trámites. Roberto Ruiz Díaz, abogado del exministro de Economía, Frank De Lima, dijo que solicitó a la Contraloría hacer una auditoría de los acuerdos pactados con la constructora, pero que esto nunca se materializó.
De acuerdo con la vista fiscal del caso, De Lima habría recibido $7 millones de empresas ligadas a Odebrecht a través de testaferros. El dinero fue depositado en cuentas en Andorra a nombre de distintas sociedades.
Mientras que Carlos Carrillo, abogado de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quien también es otro de los imputados, adelantó que comparecerá a la audiencia para conocer los planteamientos de la jueza.
El caso está en manos del Juzgado Tercero Liquidador, a cargo de Baloisa Marquínez.
En mayo pasado, los Martinelli Linares fueron condenados por una corte de Nueva York a tres años de prisión, por lavado de dinero en el caso Odebrecht.
Mientras que Roniel Ortiz, abogado de Aurora Muradas, amiga del expresidente Martinelli, aseguró que no conoce el expediente, debido a que asumió la defensa de su cliente hace pocos días. Otro de los procesados es el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, quien ha dicho que hará frente al proceso.
Hay expectativa por la participación de Martinelli en la audiencia, pues el Tribunal Electoral tiene pendiente de resolver una reconsideración de un fallo de un juzgado electoral que autorizó levantarle el fuero electoral penal para que así pueda comparecer.
Buena parte del caso se sustenta en los 18 acuerdos de colaboración eficaz y pena con exejecutivos de la constructora, testaferros, socios de algunos de los investigados y familiares de exfuncionarios que habrían recibido los sobornos.
Después de que la Fiscalía y el imputado consolidaban el pacto, y este fuera homologado por un juez, se lograron algunas condenas, multas, y el compromiso de devolver el dinero.
