Entre los reos trasladados a una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la isla de Coiba se encuentran cabecillas de algunas de las pandillas más peligrosas del país y narcotraficantes a quienes las autoridades atribuyen el control de rutas del tráfico de drogas, homicidios y ajustes de cuentas.
Entre ellos figura Juan Vicente Blandford (alias Jancin), detenido y condenado en 2022 durante la operación Piedra Negra, que desmanteló una red criminal dedicada a la contaminación de contenedores. Blandford cumple una condena de 156 meses de prisión por esta causa.
También fue trasladado a Coiba Carlos Mosquera (alias Calitín), quien fue detenido en 2022 durante la operación Alpes, que desmanteló otra estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en las zonas costeras de las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Veraguas.
Mosquera también fue procesado por otro delito relacionado con tráfico de drogas en 2015, durante la operación Los Campeones.
Otro de los delincuentes enviados a Coiba es José Cossio, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la pandilla Calor Calor. En 2022, Cossio fue liberado de manera irregular por el entonces juez Gerardo Ríos. Su liberación originó la apertura de una investigación penal.
Héctor Moisés Barberena (alias Moisés) también figura entre los reos trasladados a Coiba. Barberena mantiene una condena de 10 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
También figura entre los trasladados Eduardo Macea (alias Marshall), condenado a 15 años de prisión por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.
La investigación contra Marshall se inició el 12 de marzo de 2019, tras un operativo policial realizado en el área de Amador, donde se decomisó una cantidad de droga, tres vehículos de lujo y armas de fuego dentro de un apartamento valorado en 300 mil dólares.
Las irregularidades en la liberación de Cossio fueron alertadas por funcionarios de la Fiscalía de Drogas, quienes, al revisar el cumplimiento de una pena de 74 meses de prisión impuesta por delitos relacionados con drogas, detectaron que no había sido cumplida en su totalidad. A raíz de la alerta, se ordenó revisar la medida y, el 24 de septiembre de 2020, se dejó sin efecto su liberación y se ordenó nuevamente su arresto.
Enrique Chino Candanedo es otro de los reos de alto perfil trasladados a Coiba, ya que es considerado cabecilla de una pandilla que opera en el sector de Pedregal, en el distrito de Panamá. Candanedo fue deportado de Colombia en 2017.
En junio de 2024, un tribunal confirmó una sentencia de 50 años de prisión impuesta a Candanedo, Sebastián González e Ismael Cueto por el homicidio del sargento de la Policía Nacional Levis Elvis Santana y de la joven Yissel Soca Amaya, perpetrado el 4 de abril de 2016.
Luis Guerrero Gaviria también figura en el grupo de reos enviados a Coiba. Se encuentra condenado, junto con Juan Vicente Blandford, por delitos relacionados con drogas. Ambos fueron capturados durante la operación Piedra Negra.
Guerrero Gaviria era requerido por las autoridades desde 2016, cuando se fugó de prisión, pero fue capturado en 2019 durante un operativo policial.
El traslado de estos internos, que en su mayoría se encontraban en la cárcel ubicada en Punta Coco, isla del Rey, se produjo debido a vulnerabilidades detectadas en ese centro penitenciario.
A Coiba también fueron enviados privados de libertad que se encontraban en la cárcel La Joyita y a quienes se atribuye participación en la fuga de 195 reos ocurrida el pasado 1 de junio.
Abogados presentarán denuncias
Un grupo de abogados litigantes anunció la presentación de acciones legales contra las autoridades de los ministerios de Gobierno y de Seguridad por el traslado de los privados de libertad, al considerar que la medida se realizó sin justificación suficiente.
Valentín Jaén, quien representa a varios de los detenidos, explicó que la decisión adoptada por el Ministerio de Gobierno violó garantías fundamentales y se ejecutó de manera inconsulta.
Jaén detalló que la Ley 55 de 2003, que reorganizó el Sistema Penitenciario, establece que el traslado permanente de privados de libertad de un penal a otro debe estar debidamente fundamentado y ser informado a los reclusos.
También denunció que dentro de las cárceles existe un alto grado de hacinamiento y que las autoridades no han logrado establecer un adecuado proceso de clasificación de los privados de libertad.
Cámara de Comercio se pronuncia
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, estimó que el traslado de los privados de libertad a la isla de Coiba debe ser una medida temporal, producto de la coyuntura generada por la fuga registrada en la cárcel La Joyita.
Planteó que Coiba, al haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), no puede convertirse nuevamente en un centro de reclusión permanente.
Recalcó que el Ministerio de Seguridad debe buscar una solución permanente al problema de la seguridad en los centros penitenciarios, especialmente en aquellos que albergan internos de alta peligrosidad.
