El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, describió este jueves 28 de mayo una escena que, una vez más, simboliza el choque del gobierno de José Raúl Mulino con el sistema judicial por las medidas cautelares otorgadas a procesados por delitos vinculados al crimen organizado.
“Todo un operativo de una semana y media para capturarlos”, dijo el ministro luego de relatar un caso reciente de robo a un local comercial en la capital.
Según Ábrego, la Policía Nacional recibió información previa sobre lo que tramaban los delincuentes. Entonces montaron vigilancia y capturaron a los sospechosos mientras sacaban una caja fuerte del establecimiento.
Ministro de Seguridad Frank Ábrego señaló que, tras un operativo de más de una semana que permitió capturar a sospechosos durante un robo en la capital, estos recibieron medidas de firma periódica. También mencionó que, pese a la detención en España del abogado de Bagdad, existe… pic.twitter.com/tNltSHaxbX
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Al día siguiente, afirmó, un juez les ordenó firmar de manera periódica.
La anécdota funcionó como antesala de una crítica más amplia. Ábrego también cuestionó las posibles consecuencias judiciales de la captura en España del abogado de la pandilla Bagdad, cuya extradición Panamá espera concretar.
“Probablemente le vamos a pagar el pasaje, lo traemos a Panamá y al día siguiente está en su casa por cárcel”, expresó.
Jean Carlos Valencia Escobar, alias “el abogado”, fue capturado en la Plaza de Santa Ana, Madrid, por la brigada de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España. Se presume que es uno de los cabecillas de la pandilla Bagdad Santa Eduviges. La noticia se dio a conocer el pasado miércoles.
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El pasado 22 de mayo la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación ilícita y la Policía Nacional capturaron seis miembros de esta pandilla, entre ellos, otros de sus presuntos cabecillas conocido como alias Rungito.
En la investigación contra este grupo criminal, filial de la pandilla Bagdad liderada por Cholo Chorrillo, se le atribuyen robos, asaltos y homicidios cometidos en el área Este de la ciudad de Panamá y San Miguelito.
‘Como si fueran carteristas comunes’
El presidente Mulino, incluso, elevó el asunto a categoría institucional.
El mandatario confirmó que sostuvo dos reuniones entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para discutir el tema. “Nos preocupa a todos”, manifestó.
Después lanzó uno de los mensajes centrales de su discurso: muchas de las personas que comparecen ante jueces de garantías, dijo, representan una amenaza violenta para la sociedad y no deberían recibir medidas cautelares “como si fueran carteristas comunes y corrientes”.
Con eso, reafirma la narrativa que ha instalado su administración: la policía captura, investiga y arriesga recursos, mientras los tribunales reducen el impacto de esos operativos con decisiones cautelares que el Ejecutivo considera demasiado flexibles.
Mulino aseguró que mantiene reuniones con el Ministerio Público y la Corte Suprema para frenar la liberación de delincuentes peligrosos bajo medidas cautelares, señalando que esto desanima a las unidades policiales.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/YrArVcaWRF
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El discurso del mandatario pone bajo la lupa el enfoque garantista del Sistema Penal Acusatorio, uno de los cambios más importantes de la justicia panameña en las últimas décadas.
Dentro de ese modelo, la detención provisional no constituye una consecuencia automática de la imputación. En cambio, los jueces deben valorar elementos como riesgo de fuga, peligro para víctimas o posible afectación del proceso.
Mientras las autoridades de seguridad observan la gravedad del delito y el perfil del sospechoso, los jueces de garantías analizan requisitos procesales específicos.
Mulino incluso afirmó que personas con casa por cárcel “andan por la calle a pesar de los brazaletes”. Sobre este tema también ha hablado el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.
