La fiscalía anticorrupción solicitó una audiencia para sustentar su escrito de acusación contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
La audiencia con el juez de garantías será el próximo lunes 7 de septiembre.
Carrizo está actualmente bajo detención domiciliaria.
En esta audiencia, de la fase intermedia, la fiscalía presentará el escrito de acusación contra Carrizo y anunciará las pruebas que presentará. La defensa también informará cuáles serán sus pruebas.
Fuentes ligadas al proceso revelaron que el Ministerio Público tiene previsto presentar más de 70 pruebas, entre testigos y elementos documentales para sustentar su teoría del caso.
Mientras que la defensa estaría aportando un número similar pruebas al de la fiscalía, con las que busca exonerar a su cliente de los cargos que se le imputan.
En tanto, hoy martes, la juez de garantías Irene Cedeño rechazó un recurso de afectación de derecho presentado por la defensa de Carrizo.
Durante una audiencia, que inició a las 8:30 a.m., la juez de garantías Cedeño negó una solicitud de afectación de derechos presentada por el abogado Leonardo Paúl, del equipo de defensa de Carrizo.
La defensa de Carrizo alegó que los derechos de su cliente fueron afectados por la fiscalía por no haber sometido a la verificación de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) el informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
Según la defensa de Carrizo, esa auditoría de la Contraloría tiene graves inconsistencias que no han sido examinadas en debida forma por la fiscalía.
También alegaron que la fiscalía no ha incluido en el expediente las entrevistas realizadas el pasado 9 de abril a las auditoras de la Contraloría encargadas del informe de auditoría, tras la irrupción en esa diligencia de contralor Anel Flores y que obligó a su suspensión.
Por su parte, la fiscal anticorrupción Patricia Herrera pidió a la juez desestimar el recurso presentado por la defensa de Carrizo, al señalar que estos temas se deben ventilar en la fase de juicio.
El 26 de enero pasado, la juez Oris Medina imputó cargos por el delito de enriquecimiento injustificado contra Carrizo, luego que el Ministerio Público lo acusó de haber incrementado su patrimonio económico en $1.9 durante su gestión como vicepresidente.
Según la fiscalía, el exvicepresidente Carrizo obtuvo ingresos por la suma de $7.1 millones durante su gestión.
Sin embargo, tras culminar su mandato, los bienes declarados superaron la suma de $9 millones, arrojando una diferencia de $1.9 millones.
En este caso, la fiscalía intentó en dos ocasiones que un juez de garantías declarara causa compleja la investigación y que en base a ello se le concediera más tiempo para investigar el caso, pero esa moción le fue rechazada.
