El pleno de la Corte no acogió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Ricardo Rica Alberto Martinelli Linares, contra una decisión del Juzgado Tercero Liquidador que no le admitió una serie de pruebas dentro del proceso por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.
En el edicto No. 699 del pasado 23 de mayo, y bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Corte no admitió el amparo de garantías presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho González.
Camacho González presentó el recurso contra el auto de pruebas admitido por la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquinez y que serán debatidas en el juicio a celebrarse el próximo 10 de julio.
Previamente, en enero de este año, el Primer Tribunal de Justicia también le rechazó un amparo de garantías a Camacho González contra la decisión asumida por la jueza Marquínez.
El 16 de noviembre de 2021, la jueza Baloisa Marquínez decidió llamar a juicio a dos imputados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores; a 11 personas por asociación ilícita, mientras que 26 investigados deberán responder por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
Esta investigación, que consta de 352 Tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una presunta red de corrupción integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que supuestamente solicitaban comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.
Por esta causa el pasado 13 de marzo la jueza Marquinez condenó a la pena de 120 meses de prisión a Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del exmandatario panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
El proceso a De Obarrio se celebró separado del resto de los imputados por estar prófugo de la justicia, por lo que en su caso se dictó una ruptura procesal y el caso avanzó de forma más rápida.
En este proceso además de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares también figuran Joaquín Rodríguez, exgerente de Factor Global Inc, Federico Barrios, representante legal de Blue Apple, los exministros de Obras Públicas, Jaime Ford y Federico Suárez, entre otros.
Durante la investigación abierta en 2017 la fiscalía recuperó $33 millones de dólares. La lesión patrimonial ocasionada al Estado se estimó en $78.3 millones.
