Juzgado llama a juicio a exministros Federico Suárez y Jaime Ford en caso autopista Arraiján-La Chorrera

Juzgado llama a juicio a exministros Federico Suárez y Jaime Ford en caso autopista Arraiján-La Chorrera
La autopista Arraiján -Chorrera tenía un valor de $152.6 millones, pero terminó costando la suma de $ 161.8 millones, tras varias adendas avaladas por el MOP. Elysée Fernández


El juzgado primero liquidador de causas penales llamó a juicio a los exministros de Obras Públicas (MOP), Federico Suárez y Jaime Ford, y a otras siete personas por la presunta comisión del delito de peculado por el manejo de los fondos asignados para el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.

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A través de la resolución No. 10 del 11 de 2023, el juzgado estimó que se evidencia la existencia de un hecho delictivo en las diversas formas de peculado en perjuicio del MOP.

Fijó como fecha de audiencia ordinaria los días 11 y 12 de enero de 2024. Como fechas alternas estableció los días 6 y 7 de febrero del mismo año.

El juzgado también negó un incidente de nulidad presentado por Rosendo Miranda, abogado del exministro Suárez, al considerar que no se materializa la nulidad planteada por el jurista.

A ocho de los imputados se les mantiene la medida cautelar de impedimento de salida del país, mientras que a Suárez se le canceló la fianza de excarcelación que se le había concedido y se le aplicó una medida de notificación los 15 y 30 de cada mes ante ese tribunal.

La audiencia preliminar de este caso se celebró el pasado 29 de noviembre y en ella la fiscal anticorrupción Kyra Tascon pidió el llamamiento a juicio para los investigados.

Fue el diputado panameñista José Antonio Domínguez quien, en 2014, recibió una denuncia de un entonces funcionario del MOP sobre posibles irregularidades en el precio de la licitación para la ampliación de la Autopista Arraiján- Chorrera, que estuvo a cargo de la empresa Transcaribe Traiding S.A., (TCT), durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

La Contraloría calculó en $7.9 millones la posible lesión patrimonial al Estado en los pagos efectuados por el MOP a TCT por la obra, que fue licitada en $152.6 millones y culminó con un costo de $161.8 millones.


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