El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, celebró este martes 28 de febrero, la audiencia principal ordinaria a Adolfo Chichi De Obarrio, por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, en el caso Blue Apple.
De Obarrio, quien fungió como secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y quien vive en Milán Italia, no participó de la diligencia de manera virtual, pese a que se explicó que había sido notificado. Su defensa la asumieron el abogado Víctor Collado y el defensor público Fernando Peñuela. Mientras que la Fiscalía Anticorrupción estuvo representada por el fiscal Aurelio Vásquez.
Collado informó que no sustentaría ningún alegato y presentó un recurso para que se suspendiera la audiencia, pero el juzgado no lo acogió.
En la audiencia, la jueza preguntó a la secretaría del tribunal ¿Cuál era la situación del señor De Obarrio dentro del proceso? También consultó si se había formalizado su solicitud de detención con fines de extradición. Un representante del tribunal le informó que habían realizado las diligencias para extraditar a De Obarrio, sin embargo, añadió, “no se formalizó”.
Marquínez volvió a preguntar: ¿se llegó a declarar la rebeldía? El funcionario le respondió que no.
Al concluir su intervención, Peñuela le dijo a la jueza que no “existe material” para condenar a De Obarrio por este proceso, por lo tanto pidió que no admita la solicitud del Ministerio Público de llamarlo a juicio.
Después de escuchar las intervenciones de los representantes de la fiscalía y de la defensa pública, la jueza Marquínez se acogió a los 30 días que le otorga la ley para emitir un veredicto, ya que el expediente consta de 369 tomos.
El caso se inició en 2017, luego que quedara al descubierto que contratistas del Estado sobornaron a funcionarios de alta jerarquía para quedarse con millonarios contratos para obra pública. La causa involucra a por lo menos nueve contratistas del Estado, abogados, banqueros y exministros. De acuerdo a los propios fiscales, después del caso Odebrecht es tal vez la investigación ligada a corrupción a nivel local más grande de los últimos años.
