La juez de garantías Sheryl Toullier declaró legal la aprehensión de 14 fincas en el complejo turístico Red Frog, en isla Bastimentos, Bocas del Toro, que habían sido traspasadas por el Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) a su cooperativa.
La juez Toullier comunicó su decisión este jueves 21 de agosto, en una audiencia que se realizó dentro del proceso seguido a los dirigentes sindicales Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documentos y prevaricato.
López, que tiene medida cautelar de arresto domiciliario, estuvo presente en la audiencia, portando un brazalete electrónico. Méndez está prófugo en Venezuela y Cerrud se encuentra en la embajada de Nicaragua, país al que ha solicitado asilo.
La aprehensión provisional de las fincas fue ordenada desde el 26 de mayo pasado por la fiscal Isis Soto.
Toullier validó la solicitud del fiscal Octavio Nicolau de mantener la cautelación de las fincas ante el riesgos que puedan ser traspasadas a terceras personas antes que concluya la investigación.
Las 14 fincas, que suman una extensión de 33,712 metros cuadrados (3.37 hectáreas), fueron entregadas por la empresa Pillar Construcción (que luego cambio su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores de Red Frog que participaron en una huelga entre el 5 de febrero de 2007 y el 14 de octubre de 2008 y que fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Tras la huelga, Pillar Construccion fue condenada al pago de $7 millones en concepto de salarios caídos, pero la empresa pactó un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, representado por el Suntrasc, para que les entregaran las 14 fincas, que en aquella época estaban valoradas en $3 millones.
La mayoría de los 412 trabajadores indemnizados no se enteró del acuerdo pactado por el Suntracs con la empresa empleadora, mucho menos que ahora eran dueños de propiedades en Red Frog.
Los dirigentes del Suntracs utilizaron las fincas como garantía de un supuesto préstamo hipotecario suscrito con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs. Luego se descubrió que, como la cooperativa no contaba con fondos suficientes para facilitar el préstamo hipotecario, el propio Suntracs le prestó la plata.
En tanto, César Ruiloba, abogado del Suntracs, alegó que el trámite realizado fue legal y que Suntracs realizó una asamblea general en donde los obreros aprobaron el acuerdo extrajudicial.
Ruiloba apeló la decisión adoptada por la juez Toullier, por lo que el próximo 4 septiembre se celebrará una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
El abogado defensor también anunció que presentará una moción para que Genaro López pueda trasladarse a un centro médico, ya que padece varias dolencias que requieren atención.
