Un juez de cumplimiento negó la petición de libertad vigilada presentada por la defensa de Jorge ‘Churro’ Ruiz, condenado a la pena de 12 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir a través de la sociedad Blue Apple.
José Carrera, juez de cumplimiento del Primer Distrito Judicial, no acogió la solicitud presentada por el abogado Carlos Martínez, en representación Ruiz, para que se le concediera el beneficio de libertad vigilada, que incluía una oferta de trabajo como gerente de operaciones de la cadena de restaurantes Grupo Manolo, cuyo gerente es su hermano Alberto Ruiz.
Carrera desestimó la petición hecha por el abogado Martínez alegando que durante la audiencia celebrada en la tarde de este miércoles 23 de abril, no había quedado claro quien era el propietario de la residencia en la que viviría Ruiz en caso de concederla la libertad vigilada.
El juez interrogó a María Antonia Lee, esposa de Ruiz, sobre si tenía las escrituras que certificarán que su esposo era propietario de la residencia en la que ambos vivirían, a lo que dijo que no las tenía a mano, aunque presentó recibos de servicios públicos en los que se establece que la residencia es propiedad del sancionado.
El juez precisó que la libertad vigilada no es un derecho, sino que se trata de una decisión que debe asumir el juez de cumplimiento previo el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de la persona sancionada, y que para acceder a ese beneficio se debe haber cumplido las dos terceras partes de la pena, tener una oferta laboral, buena conducta, un informe de la Junta Técnica de Sistema Penitenciario y un arraigo familiar.
El juez Carrera planteó que el arraigo familiar es muy importante, ya que ese residencia sería objeto de visitas de las autoridades penitenciarias para confirmar que el sancionado realmente vive en ese lugar y no evada su responsabilidad.
La defensa de Ruiz también presentó una nota de la Junta Técnica del Ministerio de Gobierno y una certificación de la cárcel El Renacer en la que se explica que el sancionado había cumplido con cursos para su resocialización, pero el juez planteó que en este caso no se había presentado un certificado que respaldara que el procesado los había cumplido satisfactoriamente.
Una vez el juez dio a conocer su veredicto, el abogado Martínez apeló esa decisión, por lo que la audiencia para resolver dicho recurso fue agendada para el próximo 30 de abril ante el Tribunal Superior de Apelaciones.
Ruiz, exjefe de la oficina de contratos del Ministerio de Obras Pública (MOP), fue condenado a la pena de 72 meses de cárcel.
Ruiz alcanzó un acuerdo de pena, validado por la entonces juez Segunda de Liquidación de Causas Penales Baloisa Marquínez, el 22 de agosto de 2023, en el primer día del juicio a políticos, contratistas y exfuncionarios por blanqueo, corrupción y falsedad de documentos.
El 13 de noviembre de 2024 Marquínez emitió un fallo en el que aplicó penas de 60 a 168 meses de prisión a ochos personas, entre ellas los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y el expresidente de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini.
El exministro del MOP, Jaime Ford, también fue condenado en este proceso, pero como la sentencia no está en firme por una serie de recursos interpuestos contra el fallo de Marquínez y fue electo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en el torneo electoral de mayo del 2024 su situación debe ser resuelta por la Corte.
