La juez de garantías Marisol Ortiz imputó cargos por la presunta comisión de blanqueo de capitales y delitos financieros a 17 personas detenidas en la operación Simbad y validó acuerdos de pena para 11 de ellos.
Los acuerdos alcanzados entre la fiscalía y los 11 imputados, validados por la juez, implican penas de prisión que van de 48 a 60 meses de prisión.
Durante una audiencia que comenzó a las 9:00 a.m. de este miércoles, la juez Ortiz dispuso imputar cargos a cuatro personas por delitos financieros; otros 13 enfrentan acusaciones por el delito de blanqueo de capitales.
En la audiencia, la fiscal de delitos financieros, Cheryl Álvarez, detalló que la investigación inició en el año 2022, a raíz de una denuncia presentada por Banistmo. Posteriormente se determinó que un colaborador del banco manipuló las cuentas bancarias de un cliente de origen colombiano y se llevó fondos por un monto de $711,019 en al menos 86 transacciones que fueron enviadas a cuentas a nombre de terceros.
El abogado Joy Torres ejerce la acusación como querellante particular.
Álvarez, en su intervención, explicó que se hicieron transferencias a una empresa que operaba en la Zona Libre de Colón. Esa empresa, a su vez, giró cheques a terceras personas que luego los hicieron efectivos.
Según la investigación, otras dos empresas, una de las cuales se dedica a trabajos de construcción de caminos en la provincia de Chiriquí, también recibieron varios depósitos.
La fiscalía también estableció que algunos de los imputados solo recibían los cheques y luego los depositaban en cuentas personales y de algunos allegados, simulando que se trataba de actividades lícitas.
#Condena | La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, logró la condena de 11 personas (11 sentencias por blanqueo de capitales y 4 por delitos financieros); aprehendidas en operación "Simbad" realizada el 19 de marzo. pic.twitter.com/azacDUKq4E
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) March 21, 2024
Entre las evidencias aportadas por la fiscalía está un informe de análisis financiero realizado por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el que se establece la trazabilidad de los fondos sustraídos del banco.
La investigación de la fiscalía se extendió a las provincias de Panamá, Herrera, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.
También, la fiscal Álvarez aportó un informe del banco en el que se certifica que un cliente reportó que desde sus cuentas de plazo fijo y corriente se realizaron transferencias de “fuertes sumas” de dinero a personas con las que no mantenía ninguna relación. El cliente recalcó que nunca autorizó esas transferencias.
Durante la audiencia, varios de los abogados defensores alegaron que la fiscalía no había establecido con claridad el delito precedente al lavado de dinero, ya que no se hizo una referencia específica de la procedencia de algunos cheques, que -según la fiscalía- eran fondos provenientes del fraude financiero.
Los defensores criticaron el hecho de que la fiscalía tardó mucho tiempo en establecer posibles vinculaciones, ya que la investigación se inició en el 2022.
