Un total de 21 de los 60 imputados por la presunta comisión de los delitos de conspiración para el tráfico de drogas y tráfico internacional de drogas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen negocian acuerdos de pena con el Ministerio Público, en los que aceptarían su participación a cambio de una reducción de la sentencia.
En la audiencia de este miércoles, el fiscal de Drogas, Julio Campines, fue abordado por ocho de los abogados defensores para explorar posibles acuerdos, luego de que la juez de garantías, Sandra Castillo, acogiera la imputación de cargos contra los 60 procesados.
La fiscalía atribuye a los imputados formar parte de una red criminal que introducía droga al Aeropuerto Internacional de Tocumen y la colocaba en maletas destinadas al mercado europeo.
Según la investigación, la red estaba integrada por empleados de la terminal aérea y trabajadores de empresas que prestaban servicios en Tocumen, quienes se encargaban de introducir la droga y colocarla en el equipaje. Otro grupo recibía los cargamentos provenientes de Colombia.
Los estupefacientes llegaban por mar a puntos como Chepo (provincia de Panamá), Darién, Antón (provincia de Coclé), el Archipiélago de Las Perlas y el área de Juan Díaz, también en la provincia de Panamá.
La fiscalía identificó a Fernando Antonio Reyna y Edie Gálvez como los presuntos cabecillas de la red criminal. Ellos coordinaban los cargamentos de droga, que posteriormente eran ocultados en residencias ubicadas en Pedregal y el distrito de San Miguelito.
La fiscalía vincula a Edie Gálvez con el decomiso, en febrero de 2023, de 12 planchas con droga que fueron transportadas desde Colombia hasta el corregimiento de Las Mañanitas, en el distrito de Panamá, así como con la incautación de 102 paquetes de cocaína en enero de 2023, que llegaron en una embarcación a la provincia de Darién.
Durante la investigación, la Fiscalía de Drogas logró el decomiso de 3,700 kilos de cocaína en 24 eventos, entre ellos la incautación de un cargamento de 1,200 kilos en el Archipiélago de Las Perlas.
En este caso, la fiscalía también estableció que la red enterraba la droga en zonas cercanas a la terminal aérea, para que luego el grupo encargado de la limpieza de las áreas verdes del aeropuerto la extrajera y la introdujera al interior de Tocumen.
El fiscal Campines reveló además que la red mantenía un grupo dedicado al tumbe de droga a otras organizaciones que la introducían desde Colombia. Este grupo estaba armado con pistolas y fusiles para amedrentar a competidores y robar los cargamentos. Tal fue el caso de los 240 kilos de cocaína decomisados en la comunidad de La Mesa de San Martín, en el corregimiento de Pacora.
Una alerta en el Aeropuerto de Barajas, España, en 2023 —tras la aparición de una maleta con droga sin dueño, pero registrada como embarcada en Panamá— obligó a revisar cámaras internas. A partir de allí comenzó la documentación y vigilancia sobre funcionarios y colaboradores en Tocumen.
El grupo también utilizaba lanchas de pesca artesanal para introducir cocaína, y en ocasiones la ocultaba en un taller de reparación de autos en San Miguelito.
Algunos defensores denunciaron posibles vicios de nulidad, alegando que varias diligencias se realizaron sin la presencia de un abogado. Entre ellos, el abogado Reinaldo Milwood, quien reiteró violaciones al debido proceso.
Entre los imputados figura Christopher Cedalise, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Cecilio Cedalise, quien mantiene medida cautelar de depósito domiciliario por motivos de salud. Fue imputado en una audiencia separada, ya que no compareció inicialmente debido a que debía someterse a diálisis.
La fiscalía continúa tras la pista de otros miembros de esta red criminal que aún no han sido ubicados. Ahora solicitará la aplicación de medidas cautelares para evitar que los imputados desatiendan el proceso, destruyan pruebas o representen un riesgo para la comunidad.
Esta es la operación antidrogas más importante y con mayor número de imputados realizada por las autoridades en 2025.
