El proyecto de ley sobre la extinción de dominio no está en la agenda del Ministerio de Seguridad Pública, al menos por ahora.
Así lo confirmó este martes 19 de noviembre el titular de esa cartera, Frank Ábrego, durante su participación en el foro Políticas Públicas y Estructuras Financieras del Crimen Organizado, organizado por la Fundación Espacio Cívico.
En su intervención, Ábrego subrayó que, actualmente, la iniciativa para promover una ley de extinción de dominio sobre bienes provenientes del tráfico de drogas y el crimen organizado “no figura” entre las prioridades del Ministerio de Seguridad.
El ministro destacó que ya existen instituciones como la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargadas de gestionar, vender o rematar bienes incautados en casos relacionados con el crimen organizado, y señaló que estas deben operar con mayor eficiencia.”¿Para qué generar más leyes si tenemos funcionarios que no son eficientes?”, cuestionó Ábrego.
El funcionario recordó su experiencia trabajando en la Dirección de Bienes Aprehendidos hace 11 años, y mencionó que recientemente solicitó un informe sobre los bienes gestionados por esa dependencia. Según él, para su sorpresa, “no han vendido una llanta”. Incluso afirmó que en esa oficina aún permanecen bienes cautelados desde su gestión, lo que calificó como un reflejo de “mala administración”.
Ábrego consideró que, antes de pensar en nuevas leyes, es fundamental que las instituciones cumplan su función y que los bienes incautados al narcotráfico y la corrupción sean rematados de forma efectiva, destinando los fondos obtenidos al desarrollo de programas y proyectos que beneficien a las comunidades.
Génesis del proyecto
El proyecto de ley sobre la extinción de dominio fue presentado en 2021 ante la Asamblea Nacional por el entonces ministro de Seguridad, Juan Pino. Sin embargo, no llegó a discutirse en segundo debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
Durante ese período se realizaron consultas y análisis sobre la viabilidad de la normativa, pero en abril de 2023, cuando finalmente se inició su discusión en segundo debate, la falta de quórum impidió su avance. La mayoría de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) estuvieron ausentes, mientras que solo algunos independientes permanecieron en la sala para debatir.
El proyecto contemplaba la creación de un Tribunal Especializado en Extinción de Dominio, compuesto por jueces de control patrimonial. Este tribunal tendría su sede en la capital, competencia a nivel nacional, y estaría integrado por tres magistrados que cumplirían los mismos requisitos que la Constitución exige para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
