La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público mantiene abiertas múltiples investigaciones sobre presuntas irregularidades ocurridas durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), mientras que otras instituciones del Ejecutivo también desarrollan auditorías relacionadas con supuestas anomalías cometidas durante ese quinquenio.
Estas indagaciones abarcan una serie de delitos contra la administración pública, algunos de los cuales ya han sido denunciados formalmente, mientras que otros están en etapa de auditoría para determinar posibles responsabilidades penales.
Hay que recordar que el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien en los próximos meses debe nombrar un nuevo procurador general de la Nación en reemplazo de Javier Caraballo, dijo el 15 de agosto pasado que instruyó a ministros y funcionarios para que formalicen las denuncias de corrupción ante el Ministerio Público, sobre supuestos negociados, coimas, “botellas” y planillas “cashback”, que han encontrado.
Planillas ‘cashback’ en el Municipio de Panamá
El 10 de julio, los abogados Heraclio Bustamante y José Antonio Moncada, a título personal, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue la existencia de planillas “cashback” en el Municipio de Panamá, que en el período pasado fue dirigido por José Luis Fábrega.
La denuncia se presentó luego de que el alcalde Mayer Mizrachi denunciara públicamente que tenía información sobre funcionarios que debían devolver parte del salario a un padrino político.
Concesión de tierras y aeropuerto en Colón
El 12 de julio de 2024, el gobierno ordenó una investigación por irregularidades en el alquiler de tierras del Estado en Colón, relacionadas con la concesión para la explotación comercial del aeropuerto de la ciudad.
Las auditorías abarcan dos globos de terrenos estatales en el sector de Coco Solo, que suman más de un millón de metros cuadrados. Dependiendo de los resultados, la nueva gerente de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, anunció que presentará denuncias penales ante el Ministerio Público.
Los auxilios económicos
El 14 de julio, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de la posible comisión de delitos contra la administración pública en relación con los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Juan Alberto Arias, presidente de la Cámara, dijo que tanto los funcionarios del Ifarhu, la Contraloría General de la República o cualquier otra institución del Estado, así como los individuos privados que hayan recibido dineros de forma indebida, deberán enfrentar “todo el peso de la ley”, sin importar quiénes sean.
El nuevo director del Ifarhu, Jaime Díaz, ha indicado que están en proceso de auditorías de los auxilios. Dependiendo de los resultados, se presentarían denuncias penales. En el período pasado el Ifarhu fue dirigido por Bernardo Meneses e Ileana Molo.
Desaparición de vehículos en Colón
La fiscalía investiga la desaparición de 38 vehículos entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Municipio de Colón. El 17 de julio, el alcalde Diógenes Galván informó que 13 vehículos habían sido devueltos, sin aclarar quién los tenía ni las razones de su retención. Aún se desconoce si todos los autos fueron recuperados y si hubo irregularidades.
Además, Galván denunció al exalcalde Rolando Alex Lee por presunta retención ilegal de cuotas y contratos no refrendados.
La Lotería y sus misterios
El 25 de julio, el mandatario Mulino anunció desde el Palacio de las Garzas que ordenó a Saquina Jaramillo, la nueva directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), poner fin a la lotería electrónica de Panamá, conocida como Lotto y Pega 3, que suelen jugarse los días martes y sábados y que opera la empresa Scientific Games LLC desde hace una década.
Cuando Jaramillo tomó posesión de su cargo el 12 de septiembre pasado, en reemplazo de Gloriela Del Río (2019-2024) anunció que se adelantan una serie de auditorías internas para luego dar a conocer la lista de los tenedores o dueños de libretas de billetes.
Las vigas perdidas del MOP
El 5 de septiembre, la actual administración del Ministerio de Obras Públicas (MOP), dirigida por José Luis Andrade, presentó una denuncia por la desaparición de 600 vigas del MOP que estaban almacenadas en Farfán. Hasta la fecha, solo se han imputado cargos a tres personas, pero la fiscalía continúa investigando a un grupo de exfuncionarios y particulares que habrían organizado la sustracción y venta de las vigas, que estaban destinadas a la reparación del Puente de las Américas.
La fiscalía ha recuperado 124 vigas en Darién, Veraguas, Herrera, Panamá Oeste y Panamá, pero aún no se ha determinado quién las trasladó a esos lugares. Rafael Sabonge, el exministro del MOP denunciado por peculado y omisión de deberes, confía en que las autoridades “den con los responsables de lo que parece haber sido un robo”.
Irregularidades en municipios y juntas comunales
La Fiscalía Anticorrupción también mantiene abiertas otras 19 carpetillas relacionadas con investigaciones en perjuicio de municipios y juntas comunales, de las cuales 8 corresponden a investigaciones de oficio en Panamá, Colón y Los Santos.
Además, se investigan denuncias presentadas por las autoridades locales de los distritos de Chepo, San Miguelito y Sambú, en la comarca Emberá-Wounaan, por presuntas irregularidades correspondientes al período 2019-2024.
Estas denuncias fueron presentadas por funcionarios electos en los comicios del pasado 5 de mayo, quienes al asumir sus cargos encontraron una serie de irregularidades en el manejo administrativo de fondos, equipo y personal en las juntas comunales y municipios.
Un total de 11 denuncias corresponden a anomalías en las juntas comunales, y el resto están relacionadas con irregularidades en los municipios de San Miguelito, Chepo, Panamá Oeste y Panamá. Entre los delitos bajo investigación están la retención ilegal de cuotas, malversación de fondos, tráfico de influencias y peculado.
Por su parte, Mulino dio el 15 de agosto pasado un plazo de 60 días a las autoridades locales que recibieron fondos de la descentralización paralela y no lo han justificado, para que lo hagan. Ese plazo vence el próximo 13 de octubre.
”Oiga, señor Procurador, la borraron”, dijo Mulino refiriéndose a que no encontraron informes de cómo se gastaron “320 millones de dólares” entre 2021 y 2024.
Perforadoras: contratos irregulares en Salud
El 5 de septiembre de 2024, el presidente Mulino instruyó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para que presentara una denuncia por irregularidades en la compra de perforadoras de pozos y bombas sumergibles.
Las actas de aceptación de los equipos fueron emitidas entre el 5 y el 17 de diciembre de 2023, pero los equipos, aunque pagados en mayo de 2024, no fueron entregados hasta el 30 de junio de 2024. Por este caso, un particular también denunció al exministro de Salud, Luis Francisco Sucre.
Oficinas fantasmas en MiAmbiente
El 19 de agosto, el equipo legal del Ministerio de Ambiente, dirigido por Juan Carlos Navarro, denunció la existencia de dos locales comerciales que fueron arrendados por la administración anterior de MiAmbiente, sin haber sido utilizados durante tres años (2021-2023).
La entidad gastó $68,580 en el alquiler y equipamiento de los locales, con mobiliario y aires acondicionados nuevos. MiAmbiente también reportó la pérdida de registros e información relevante sobre su personal de la entidad que dirigía Milciades Concepción.
Cobro de salarios de docentes fallecidos
El 19 de septiembre, el Ministerio de Educación (Meduca), a cargo de Lucy Molinar, presentó una denuncia por el cobro indebido de salarios a nombre de educadores fallecidos, que aún figuraban como activos en las planillas. Hasta ahora, se han reportado 14 casos, pero se estima que podrían haber más.
El Ministerio Público solicitó al Meduca información adicional sobre el personal docente para continuar con la investigación.